Culiacán: encrucijada de AMLO

Al margen de simpatías o antipatías hacia el actual gobierno de la República, lo ocurrido en Culiacán se lee como un fracaso de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad, pues la detención y posterior puesta en
libertad de Ovidio Guzmán, así como el apoderamiento de la capital sinaloense por los narcos así lo muestran, y ya se sabe que en política, lo que parece, simplemente es.

Al soltar al capo, dicen, el gobierno faltó al principal deber de todo gobierno, que es cumplir con lo que dispone la ley. Ésa es la visión que tiene Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque a su juicio “el Estado no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir, ya que ésta no es objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar”.

La posición de la CNDH corresponde a su naturaleza, sin embargo, cuando no se puede aplicar la ley, el principal deber de todo gobierno es evitar la disolución del Estado, porque si eso ocurre, entonces de ninguna manera, y por mucho que se quiera, podrá ser aplicable la ley. Actualmente, los ejemplos abundan y lo que ocurre ahora en Chile es una muestra clara: el gobierno de ese país, en nombre de la ley y el orden, primero combatió el poderoso movimiento social mediante una represión brutal, pero como ni así pudo contener la movilización popular, ya aceptó negociar con los manifestantes. Algo parecido veremos en España ante las movilizaciones de Cataluña.

Cabe también aceptar la razón que dio AMLO ante lo ocurrido, pues los narcos amenazaban con lanzarse contra las familias de los militares, a las que ya tenían en la mira frente a la zona militar. Si la situación hubiera llegado a ese extremo, es obvio que también se hubiera condenado al gobierno por sacrificar vidas cuando podía evitarlo. ¿O se lo iban a perdonar? ¿La CNDH iba a aplaudir la matanza en nombre de la ley?

Evidentemente, la operación de Ejército y Guardia Nacional careció de la indispensable planeación, pues debemos suponer que los aparatos de inteligencia de ambas instituciones conocían el nivel de organización, el número de efectivos y la capacidad de fuego del enemigo. Debían saber que se preparaba una agresión en gran escala contra los militares, porque de eso se trató, y lo cierto es que fallaron las fuerzas gubernamentales y alguien deberá responder por esa tremenda deficiencia.

Desde hace muchos años las corporaciones policiacas de Sinaloa están controladas por la delincuencia, de lo que hay innumerables pruebas y hechos ampliamente difundidos que lo confirman. La campaña contra el crimen quizá debió comenzar por el saneamiento de esos cuerpos policiacos, incluidos los federales que actúan en aquella entidad.

En tales condiciones, una retirada táctica es lo aconsejable, sin abandonar en modo alguno el propósito de contraatacar, ya no para capturar a un capo, sino para aplastar a una fuerza antisocial que se atrevió a retar al Ejército, que es, se quiera o no, la última barrera ante el avance de la delincuencia. Esa respuesta la veremos en los próximos días, pues fracasó la política de los abrazos y el enemigo impuso los balazos.

Algo como lo que vimos en Culiacán no se realiza sin un fuerte respaldo de sectores ligados a los negocios ilegales, banqueros que alegremente lavan el dinero de los criminales, jefes policiacos cooptados por el narco y políticos corruptos en deuda con la delincuencia que paga sus campañas a cambio de disimulo o franca protección para las actividades ilegales.

Pero ninguna campaña resulta exitosa si no se procede a legalizar, ya, ahora, algunas drogas, empezando por la mariguana, lo que de paso requiere también una amnistía y un pacto para que los narcos inviertan sus inmensas fortunas en negocios lícitos y creen empleos, porque para pacificar el país la otra condición, más difícil de cumplir, es estimular el crecimiento de la economía, la apertura de suficientes puestos de trabajo estables y bien pagados. Es lo que exige la realidad. De otro modo, lo siguiente es que los narcos tomen plazas más importantes.