Unidad sin impunidad: el reto de Sheinbaum a un año de gobierno

A días de cumplir su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum gobierna una ecuación exigente: mantener unida a la coalición Morena–PT–PVEM y, al mismo tiempo, no tolerar la impunidad. Sin unidad, la gobernabilidad se diluye; con impunidad, la legitimidad se evapora. La brújula es sencilla: menos estridencia y más evidencia.

Algunos piden rupturas teatrales con su antecesor; otros sueñan con fracturar a Morena desde dentro. Sheinbaum no gobierna con símbolos: gobierna con pruebas. Con evidencia, actúa, aunque incomode; sin ella, no procede. Su autonomía no se mide en espectáculos, sino en carpetas sólidas, sanciones que resistan apelaciones y reformas que crucen el Congreso. La aritmética manda: hay mayoría calificada holgada en la Cámara de Diputados, pero es frágil en el Senado. La unidad suma; el pleito resta. Y una advertencia: la unidad sin controles se vuelve encubrimiento.

Primer frente. Los excesos que erosionan la marca Morena: viajes ostentosos, propiedades suntuarias, dispendios y desplantes de prepotencia. La línea debe ser nítida, lo ético lo corrige el partido con reglas y sanciones internas; lo ilegal lo investigan las instituciones del Estado. Sin purgas ni indulgencias. La ruptura no sólo depende de terminar con el nepotismo en las candidaturas, sino además de aislar a quienes usan la política como ascensor social.

Segundo frente. Cuando hay presunción de delito, el estándar debe ser parejo. El caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado como presunto líder de La Barredora, recuerda que ningún cargo blinda. El llamado “huachicol fiscal” —redes de contrabando de combustible y evasión fiscal— abre otro flanco. Menos ruido y más trazabilidad: ruta del dinero, análisis financiero, debido proceso y sentencias firmes. Justicia sin linchamientos ni absoluciones exprés, aunque salpique a los propios y alcance a mandos civiles o navales si corresponde.

Tercer frente. El caso del senador Adán Augusto López. Reportajes recientes documentaron depósitos por casi 80 millones de pesos entre 2023 y 2024 que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Su defensa —herencias y honorarios— dejó preguntas abiertas. Aquí debe probarse la consigna presidencial: evidencia verificable, revisión fiscal, ruta del dinero y, si procede, separación temporal del cargo y denuncias formales. Ni linchamiento por consigna ni absolución por lealtad: proceso.

¿Puede funcionar? Sí, si cada expediente avanza de la investigación a la sentencia con medidas preventivas; si el partido corrige desviaciones éticas sin venganzas; si toda sanción se sustenta en evidencia; si la coalición cuida las mayorías para su agenda. ¿Puede fracasar? También, si la unidad se vuelve sinónimo de encubrimiento; si la justicia se usa como garrote; si se pierden aliados por torpezas locales, como ocurrió este verano en Veracruz y Durango.

Unidad sin impunidad significa no perseguir por consigna ni proteger por conveniencia. Al llegar a su primer año de gobierno, Sheinbaum tiene el equilibrio en la mano y, como pocas figuras en nuestra historia, la capacidad para lograrlo: decidir con evidencia, sancionar sin estridencia y mantener un movimiento unido. Si lo hace, México llegará a la aduana de 2027 con legitimidad y rumbo; si no, volverán los grandes titulares, los reclamos por impunidad y las narrativas de encubrimiento. Esa es la diferencia entre ganar la foto y ganar el país.