Sheinbaum y la 4T: de la épica al Estado

Los dos casos que México ya conoce —La Barredora y el llamado huachicol fiscal— no son la noticia central, sino el espejo: permiten ver qué tipo de Presidencia ejerce Claudia Sheinbaum y en qué punto está la 4T. La clave es una palabra exigente: institucionalización.

Andrés Manuel López Obrador gobernó con el capital de un líder carismático que abrió la puerta y transformó la política nacional. Sheinbaum gobierna con otra misión en mente: construir Estado. Si la 4T nació como gesto, ahora quiere volverse arquitectura: reglas, controles, rutinas que no dependan del ánimo del jefe. El “bastón de mando” no como incienso, sino como obligación: preparar el tercero, cuarto, quinto gobierno de la 4T —o admitir que fue llamarada de petate—.

En seguridad, Sheinbaum trabaja con un guion definido: atender causas, coordinación, inteligencia e investigación. En comunicación, un tono sobrio que prefiere datos a adjetivos. En justicia, un principio simple: cero impunidad, sin distingos. No es moralismo; es la condición para que las instituciones se corrijan entre sí: fiscalías, contralorías, auditorías, Fuerzas Armadas, Poder Judicial. Cuando La Barredora obliga a mirar hacia dentro o el contrabando de combustible destapa grietas en aduanas e instituciones de seguridad, el mensaje es: también los propios pasan por el mismo aro.

Para entender el giro conviene leer a Guillermo O’Donnell. Él habló de democracias delegativas —ese presidencialismo plebiscitario donde manda más la voluntad del líder que la ley— y de “áreas marrones”, territorios y sectores donde la norma estatal compite con órdenes mafiosas. La promesa de Sheinbaum es justamente achicar esas áreas: no sólo ganar elecciones, hacer que la ley valga. Menos fango, más Estado de derecho.

¿Y la 4T? No es el PRI corporativo ni el PAN tecnocrático. Es una coalición plural —fundadores de Morena, experredistas, expriistas, académicos, activistas— que delibera a la vista. Esa pluralidad exige separar gobierno de partido: expedientes y jueces, por un lado; cohesión legislativa, por el otro. El riesgo es obvio: que la depuración se vuelva arma de facción. La vacuna, también: que manden los procedimientos, no los bandos. Cronologías, aseguramientos, sanciones, reformas: contar el proceso para que el proceso cuente.

La pregunta de fondo no es si en los gobiernos de la 4T hay corruptos. Los hay —como en todos—. El diferenciador no es negarlo, sino cómo se procesa: investigación, sentencia, reglas claras. Si cada expediente termina en consecuencias visibles —y no en indignación estridente—, la 4T convierte moral en instituciones. Si no, regresa el viejo país donde la ley era un adorno y la impunidad un método.

La institucionalización se mide, no se declama: 1) sentencias firmes en casos de corrupción de alto perfil en plazo inferior a 12 meses; 2) recaudación con crecimiento real interanual superior a 10%; 3) tasa de homicidios con tendencia a la baja sostenida por al menos cuatro trimestres; 4) mando y control de las Fuerzas Armadas con auditorías públicas y protocolos de uso de fuerza.

Quienes añoran el Quinazo y le piden a Sheinbaum probar que no es títere de López Obrador leen el poder con la vieja gramática del machista del desplante y el destierro: demostrar con gritos, exilios y portazos. Ella no juega a eso: su misión es construir un Estado donde manden las reglas para que la promesa de transformación de la 4T penetre hasta la médula de la vida pública de México.

Quizá la noticia sea menos heroica de lo que nos gustaría. Pero no hay revolución sin intendencia. La tarea de Sheinbaum —si se toma en serio— es pasar de la épica a las instituciones de Estado: domar el poder con reglas, blindar la 4T contra su tentación facciosa y fijar un estándar simple y difícil: en México, la ley también alcanza a los propios.