Una tragedia más (I)

Las descripciones y testimonios del incendio que sufrió una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, no pueden ser más dramáticas: 40 hombres murieron incinerados al no encontrar una salida cuando el fuego se expandió con rapidez provocado, aparentemente, por uno de los migrantes que buscaba llamar la atención de los guardias ante la falta de agua y alimentos. Muchos más sufrieron quemaduras con distintos niveles de gravedad.

La noticia tuvo resonancia en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Surgieron críticas, reclamos y exigencias de cambiar la política migratoria, encontrar y castigar a las autoridades responsables. Activistas de buena fe demandaron el relevo del comisionado del INM (Garduño sigue en su puesto), y oportunistas que nunca faltan, la renuncia del secretario de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores.

El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, no dejó pasar la oportunidad para declarar ante la prensa lo que “acordó” con el mandatario y adelantó, sin cuidar en lo más mínimo las formas, lo que según él será una profunda reorganización institucional por la cual el citado instituto dejará de existir y en su lugar se creará una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, integrada por varios secretarios de Estado, organizaciones de la sociedad civil y un representante del clero como observador.

Habrá que esperar la propuesta del Ejecutivo para valorar sus alcances y posible conveniencia. Tal iniciativa desconoce que, tanto en la Ley de Migración, vigente desde 2011, como en su reglamento de 2012, se establece la creación de un grupo interinstitucional cuyo objetivo es precisamente discutir y, en su caso, sugerir acciones que en su conjunto construyan una política migratoria acorde con lo que marcan las leyes y reglamentos aplicables. ¿Se habrá reunido en este gobierno?

El INM culminaría así su lamentable existencia. Creado el 19 de octubre de 1993 por el presidente Carlos Salinas, suplió a la Dirección General de Asuntos Migratorios, inserta en el organigrama de la Secretaría de Gobernación. Los abogados y gestores que tramitaban ante ella los permisos de internación o regularización de extranjeros residentes en México sabían que era inevitable sobornar a sus funcionarios para resolver con éxito sus trámites. Es decir, como otras muchas áreas del gobierno donde priva la discrecionalidad en sus decisiones, era la única forma de lograr el permiso correspondiente.

Esa mala práctica se heredó en el flamante organismo desconcentrado. No obstante, ser clasificado como un ente de “seguridad nacional” (que sí lo es), mantuvo un sindicato conocido por sus extorsiones, tanto a los paisanos que deciden emigrar al norte, como a los que provienen de otros países con la intención de llegar a los EU o instalarse en México. Sería útil conocer cuántas investigaciones ha llevado a cabo su órgano interno de control y qué resultados ha obtenido En esta ocasión, los migrantes que lograron salir de la instalación migratoria declararon haber sido víctimas de extorsión para recibir alimentos, agua y un mínimo trato digno.

Algunos de los sobrevivientes han declarado que los agentes del INM les pedían 200 dólares para ser liberados. Los registros de entrada y salida de ese “albergue” no están sujetos al escrutinio de una tercera autoridad que debiera certificar el adecuado control de las personas en custodia que, por ley, no debe ser por más de ¡36 horas!

Al escribir estas líneas, la Fiscalía General de la República informó que iniciaría una investigación para determinar la responsabilidad del comisionado Garduño, ¡quien sigue en su puesto! y de un par de funcionarios del INM; informó que, en 2020, Garduño fue investigado por otro incidente en la estación ubicada en Tenosique, Tabasco, donde murió una persona, “lo cual indica un patrón de irresponsabilidad y omisiones”.

El presidente López Obrador manifestó su tristeza por las muertes y confirmó el inicio de la investigación arriba mencionada. Esta tragedia debería dar pauta a una discusión entre todas las partes involucradas para revisar la política migratoria seguida hasta la fecha. La muerte de estas 40 víctimas no se debe olvidar.