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Tragedia y represión

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

Las escenas transmitidas por diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, hablan por sí mismas. Las caras de terror, angustia y miedo de cientos de mujeres, niñas, niños y hombres golpeados, pateados, empujados con violencia, como si se tratara de miembros de un grupo criminal, por policías/soldados de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (Inami). ¿Se irá a sancionar al sujeto que pateaba la cara de un hombre rendido cargando a su hijo? ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades superiores de esa penosa institución? ¿Nada que decir por parte de la Comisión de Derechos Humanos? Da tristeza confirmar que se ha convertido en un fantasma.

El presidente López Obrador intentó justificar lo anterior con el argumento de que era preferible detener a estos migrantes para protegerlos de los riesgos que correrían al transitar por nuestro territorio rumbo a la frontera con Estados Unidos. ¿Exculpó así a los agentes que con evidencia violaron la ley? Todos los gobiernos tienen la obligación y el derecho de cuidar sus fronteras, decidir quiénes las pueden cruzar y bajo qué requisitos, pero lo más relevante es cómo hacerlo.

El tema no es nuevo, desde siempre múltiples encuestas hechas por El Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur sobre los migrantes extranjeros en tránsito y sobre nuestros propios paisanos encuentran que un altísimo porcentaje sufre extorsiones, abusos, golpes, asaltos por bandas criminales con frecuencia coludidas con las propias autoridades mexicanas; les roban sus pocas pertenencias, violan a sus mujeres y los encierran en casas de seguridad hasta que sus parientes en Estados Unidos manden su rescate. Una verdadera tragedia.

En un triste contraste, la misma encuesta preguntaba a los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, una vez que lograban cruzar la línea, sobre el trato que recibieron por parte de los agentes de esa corporación; la mayor parte de ellos declaraban que habían sido tratados con firmeza pero con respeto, rara vez eran víctimas de violencia. Por supuesto que hay patrulleros abusivos, corruptos y violentos, pero en los casi 10 años que trabajé el tema, fueron pocos los casos y cuando los hubo, se detonaban protocolos binacionales para iniciar las investigaciones del caso.

Con frecuencia, los cónsules mexicanos los denuncian ante sus superiores o inclusive en los tribunales donde se han ganado múltiples sentencias condenatorias y/o cuantiosas indemnizaciones.

Dudo mucho que se les dé esa oportunidad a los haitianos y centroamericanos que pasan por esa experiencia en nuestra frontera sur. Colegas míos han promovido por la vía de transparencia y acceso a la información que el Inami informe sobre el supuesto proceso iniciado contra los agentes involucrados. Veremos si responde o si lo va a reservar por razones de “confidencialidad o seguridad”.

Estamos, pues, en presencia de un abuso más que confirma que no se ha avanzado en la depuración y profesionalismo de una dependencia del gobierno que tiene un rol central en materia de seguridad nacional y seguridad pública; que distintos gobiernos han sido incapaces de construir un servicio civil de carrera capacitado, con buenos salarios y estímulos para su mejor desempeño, a la vez que se cumpla con el principio de cero tolerancia a quien se encuentre culpable de violentar derechos humanos fundamentales.

En contraste con el trágico panorama descrito, hace casi 10 años tuve la responsabilidad de supervisar a la Comisión de Ayuda a Refugiados. Desde entonces gozaba de muy buen prestigio, reconocida en la ONU por contar con profesionales expertos y comprometidos con los peticionarios de asilo o refugio que llegan a nuestro país. La actual coyuntura es una oportunidad para que esta comisión sea la principal autoridad que entreviste a los migrantes y decida si son acreedores a la protección del Estado mexicano porque regresarlos a su país de origen los expondrá a la miseria y violencia que sin duda pondrán en riesgo sus vidas. Ojala que la Cámara de Diputados le aumente su actual raquítico presupuesto a un nivel acorde con la enorme tarea que hoy enfrenta.

 

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