La maquinaria del terror

Comercio e inversión, crimen transnacional y derechos de los migrantes fueron los temas seleccionados. Cada uno de ellos impacta hoy y lo hará en el futuro, no sólo a la política exterior de nuestro país y a la relación con Estados Unidos, sino también tiene que ver de manera fundamental con las decisiones de política interna que el próximo gobierno deberá de adoptar.

En esta colaboración presento algunas consideraciones sobre el último de los temas: los derechos de los migrantes. Los ciudadanos participantes preguntaron qué proponían hacer los candidatos frente a la política antimexicana del presidente Trump, en especial cómo piensan proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos. Sus respuestas fueron poco novedosas, pues reiteraron que defenderán la dignidad de nuestros paisanos, fortalecerán a los consulados mexicanos en ese país, llevarán su caso a los tribunales y pugnarán por evitar la separación de familias.

En la última reunión del Consejo Directivo del Centro de Estudios Migration Policy Institute, en la que tuve el privilegio de participar, se presentó un informe titulado Reviving Up the Deportatiton Machinery (Reviviendo la maquinaria de deportación). Los autores del informe recorrieron varias regiones de Estados Unidos para entrevistar a los agentes migratorios responsables de detener y deportar indocumentados, autoridades estatales y locales, policías, miembros de organizaciones de derechos humanos, cónsules de México y Centroamérica, y por supuesto a innumerables migrantes a punto de ser expulsados. La investigación señala que, si bien hasta ahora el número de deportados por el gobierno de Trump es menor que el de los repatriados en la época del presidente Obama, la maquinaria trumpiana se acelera cada día; su mandato es mucho más cruel y agresivo: “Si tú estás en este país de manera ilegal y, por lo tanto, cometiste un delito al entrar en este país, debes sentirte incómodo. ¡Cuídate las espaldas!”.

Los agentes federales han interpretado esa directiva de manera que su misión es identificar, detener y deportar a todo sospechoso de ser indocumentado, tenga o no orden judicial; buscarlos en sus casas, en sus barrios y trabajos, en las escuelas, en hospitales y en cualquier centro de reunión donde estimen puedan estar los presuntos indocumentados. Es más, si llegan a un domicilio en busca de un individuo y se encuentran otras personas, les piden sus documentos y, si no los traen con ellos, los suben en una camioneta, los llevan a las oficinas de migración y los deportan a sus países de origen.

El informe identificó que, ante esta agresiva política federal, algunos estados y ciudades de ese país han adoptado la política pública de no colaborar con los agentes migratorios. Por ejemplo, en California, inclusive cuando se presentan en las cárceles con la idea de expulsar de manera expedita a todo aquel extranjero que esté en custodia, las prisiones del estado les niegan el acceso, al igual que las policías de ese estado se niegan a darles información o colaborar en sus operativos.

Múltiples organizaciones civiles asesoran a los migrantes para buscar cualquier rendija legal y evitar que sean separados de sus familiares o buscan la protección de la justicia para evitar que sean expulsados.

Fundaciones, universidades y personas a título propio están financiando este tipo de estudios para tener elementos que permitan evaluar el impacto económico, político, social e, inclusive, mental en la población afectada. Por ejemplo, este centro de estudios ha sido contratado para conocer el impacto sicológico que está teniendo entre niños y jóvenes, hijos de indocumentados, el miedo a que sus padres sean detenidos, no vuelvan a su casa y con ello se vea afectado su proyecto de vida. Muchas familias han dejado de mandar a sus hijos a la escuela por ese temor.

Los investigadores hicieron un amplio reconocimiento a los consulados de México con los que se entrevistaron: “Su tarea cotidiana es un enorme activo, su dedicación y compromiso son admirables”.

Todo lo anterior es un botón de muestra de lo que debemos esperar de la administración de Trump. El próximo gobierno de México deberá desplegar una firme estrategia de protección, defensa y asesoría a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Tomar la iniciativa y proponer el inicio de un diálogo de alto nivel orientado a dar forma al concepto de responsabilidad compartida en el tratamiento del fenómeno migratorio entre ambos países. Los dos tienen derecho a aplicar sus leyes, pero están obligados a hacerlo con respeto a la dignidad y los derechos humanos inherentes a toda persona. Hay que buscar aliados con aquellas autoridades estatales y locales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que dan la pelea a la Casa Blanca y que buscan recuperar el espíritu generoso y humanista que ha caracterizado a ese país frente a los migrantes que lo fundaron y lo siguen construyendo.