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Legalizar

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

En un reciente viaje que tuve oportunidad de hacer a Uruguay, país que muchos ponen como ejemplo de avanzada mundial por haber adoptado una legislación que liberaliza de manera amplia el consumo de esta droga, pude constatar que la decisión aún divide profundamente a la sociedad uruguaya.

Como reconocen sus propios promotores, es “un experimento” hecho a la medida de las condiciones geográficas, sociales, culturales y del extraordinario Estado de derecho del que goza ese bello país. Pensaron que vale la pena probar un camino distinto para enfrentar el inevitable consumo. Por eso la propia ley establece un periodo de gracia para valorar sus efectos y en su caso, ajustarla, o suspenderla, Veremos qué pasa.

Pero me quiero referir a otro tipo de “legalización” sobre la que entiendo un poco más: la relativa a la decisión de un gobierno de normalizar la condición migratoria de ciudadanos de otros países que viven en su territorio de manera irregular, es decir, los ahora de moda “indocumentados”. Es el acto por excelencia que define la política pública, la filosofía, el carácter de una sociedad frente a los extranjeros que quieren integrarse como uno más de sus ciudadanos.

Por ello es que, a lo largo de la historia de las migraciones internacionales, esta decisión es siempre controvertida. Los países y sus habitantes se identifican con sus orígenes, su idioma, sus credos, su raza, sus costumbres y valores. Son estos símbolos identitarios que les dan sentido de pertenencia, de orgullo y de unidad. Su defensa ha sido motivo de guerras, purgas, de expulsiones masivas, de formación de ghettos formales o barrios segregados.

Estados Unidos tiene una larga y compleja historia en el tema. País de migrantes por excelencia desde sus orígenes, enfrentó la resistencia de sus fundadores provenientes de Inglaterra, a la llegada de irlandeses, alemanes, nórdicos, italianos, chinos y mexicanos, por enumerar algunas de las más representativas corrientes de extranjeros que llegaron con la ilusión de encontrar una nueva forma de vida, una mejor expectativa para sus familias. Su entusiasmo, tenacidad, y tesón, construyó la potencia más grande del mundo.

En su visita a Nueva York, el papa Juan Pablo II celebró una misa ante millones de creyentes en el Central Park de esa ciudad y en su alocución dijo: “Les pido volteemos a nuestro alrededor y admiremos esta portentosa ciudad, sus enormes rascacielos y admirable arquitectura, no olvidemos que todo esto ha sido construido con las manos y el esfuerzo de los migrantes”.

Este breve e incompleto recuento lo hago porque el presidente Trump se ha propuesto deportar a millones de mexicanos y extranjeros de otras nacionalidades sin importar el tiempo que lleven viviendo allá, si tienen hijos ciudadanos de su país, si son ancianos, incapacitados, empleados o dueños de negocios.

Por eso, millones de paisanos se encuentran hoy en una situación de enorme vulnerabilidad, viven con miedo a ser detenidos en sus casas, en la calle, en sus trabajos, escuelas, separados de sus hijos o esposas, enviados a México donde ya no tienen arraigo alguno.

Para ellos su mejor opción es quedarse a vivir en el país donde con enorme esfuerzo y trabajo, logran mantener a su familia, pagan sus impuestos, educan s sus hijos y quieren, como sus antecesores de hace siglos, integrarse a esa sociedad.

Es correcto exigir que, si se les va a expulsar, se haga de manera segura, ordenada, con respeto a sus derechos humanos y lo que marca la ley, pero ello es insuficiente. La gran mayoría de nuestros paisanos quieren que el gobierno mexicano los defienda para que no sean deportados.

Entiendo bien que en el ambiente político que Trump ha creado desde su campaña, satanizando a esta población, insultando a gente buena y honesta, estigmatizándolos como delincuentes o amenazas para la seguridad nacional, plantear su legalización puede parecer una locura, una ingenuidad o hasta una irresponsabilidad. No lo pienso así, pelear por ellos en el sentido que he mencionado debe formar parte de la negociación integral que ha planteado el gobierno mexicano.

Hay principios que no deben perderse ante una coyuntura que los hace inviables. Con el tiempo sabremos en qué acabó esta injusta y arbitraria política trumpiana; cuántos mexicanos salieron afectados por ella. La actuación de las autoridades, sociedad civil, académicos y medios de comunicación seremos juzgados por la manera en que defendimos las aspiraciones de las familias
migrantes que hoy son víctimas de un gobierno que pasará.

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