Y muchos pasos más…

Así inicia Joaquín Villalobos su ensayo al que me referí en mi entrega previa (Foreign Affairs Latinoamérica, abril/junio 2016). Muchos nos sorprendimos de la limitada capacidad de expresión del delincuente cuando pudimos verlo y escucharlo. Nos preguntamos cómo fue posible que se descuidara a tal grado en sus largas pláticas con Kate del Castillo, cuando sabía que estaba siempre monitoreado por las autoridades mexicanas y extranjeras. Menos explicable aun invitarla a una entrevista en la que se supone que acordarían los términos de una eventual película. Como en otros casos célebres de detención de criminales, atrás de la imagen todopoderosa de la delincuencia organizada está la debilidad humana, la soberbia y la tentación.

Este incidente sólo sirve para ilustrar lo poco que sabemos y entendemos de estas organizaciones y de quienes las lideran, de sus ganancias, de su operación y del porqué de su violencia. También se tienen explicaciones sobre el fenómeno del consumo de drogas de los múltiples estudios en los que se han invertido miles de millones de dólares. La literatura es muy extensa (ver: www.nida.nih.gov) y aún así subsisten más preguntas que respuestas. Si hubiera soluciones, ya se habría resuelto o, al menos, disminuido este fenómeno, lo cual no es el caso. Por eso, hoy en el mundo se debate la necesidad de buscar nuevas formas de enfrentar el consumo de las drogas y la adicción que generan. Es un asunto que trasciende a las leyes, las policías y militares, las armas y la procuración de justicia. Es también un reto de salud pública, de educación, de reacciones químicas del cerebro, de predisposición genética, de cohesión social, de entornos familiares, de valores y de derechos humanos.

Toca fibras sensibles que dan pauta a prejuicios y moralismos, a discriminación social y racial. Es universal y corre a lo largo de todos los estratos sociales. En suma, la decisión de una sociedad y su gobierno sobre cómo enfrentar el consumo de droga conlleva responsabilidades para todos.

México, según las cifras disponibles, no es todavía un país con números grandes de consumidores, pero tampoco es cierto que el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, como la mariguana, la cocaína o las metanfetaminas no haya crecido en los últimos años, en particular entre menores de edad.

La iniciativa de ley presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, a la cual me referí como un paso en la dirección correcta, ha sido criticada por no incluir mención alguna de cómo se normará la fase de producción y comercialización de la mariguana. No sabemos al escribir esta colaboración qué harán los legisladores y el gobierno, pero a esa pregunta sin respuesta sumo otras:

¿Cómo explicar esa omisión? ¿Cómo  resolverá el Poder Legislativo aprobar su uso medicinal o la investigación científica, sin dejar de penalizar su producción y compraventa?  ¿Está claro para la opinión pública que no se trata de fumar la yerba, sino de producir medicinas aburridas sujetas a estándares sanitarios de producción, comercialización y promoción como todas las que se encuentran disponibles en el mercado?  ¿Se emprenderá una campaña masiva y permanente para advertir y educar a los menores de edad, para que no crean que la mariguana no hace daño y que, socialmente, sea mal visto fumarla como se ha logrado en otros países con el tabaco? ¿Se incluirá el tema en los libros de texto de la SEP? ¿De aprobarse esta iniciativa de ley, se incluirá en el presupuesto del año entrante una partida suficiente para operar los mecanismos de prevención de su consumo? ¿Se asignarán recursos para crear, mejorar y supervisar los centros de rehabilitación para adicciones? (Ver documental en Vice News México del 30 de septiembre de 2016). ¿Se capacitará a los policías para que sepan que portar 28 gramos de mariguana ya no es delito? ¿Disminuirá la violencia derivada de los cárteles y bandas dedicadas a la producción y venta de mariguana?

En el futuro se irán dando las respuestas a éstas y muchas otras preguntas. Pero más allá de la legalización de la mariguana, de la “guerra contra las drogas”, subyace un fundamento de debilidad institucional que es crítico, el cual mientras no se reconozca, se subestime o peor aún se considere como algo irremediable que no podemos resolver, no tendremos una convivencia social equilibrada y en paz. En palabras de Villalobos: “La seguridad es una lucha diaria para combatir la corrupción, instaurar el Estado de derecho, erigir instituciones de seguridad fuertes y formar a los ciudadanos en una cultura de legalidad. Es el camino más corto. En ese sentido es un error hablar de ‘guerra contra las drogas’, porque lo central en una estrategia de seguridad es proteger la vida, los derechos humanos y el patrimonio de todos los ciudadanos. El combate a todo tipo de criminales es simplemente una consecuencia del propósito central, que es garantizar la tranquilidad y la paz en nuestros países”.

Twitter:  @GustavoMohar