Un fallo, más allá de la violencia (I)

Se antoja difícil ubicarse en los años previos cuando el país en apariencia gozaba de una tranquilidad y convivencia social armónica. Sabíamos de la existencia del narcotráfico desde la década de los sesenta, como lo ha escrito Guillermo Valdés, pero tanto autoridades como ciudadanos subestimamos las consecuencias que traería su penetración gradual en el tejido social, el comercio, el sistema financiero, los Poderes Judicial y Legislativo y, sobre todo, en las autoridades encargadas de combatirlo.

Experiencias comparadas en otros países han dejado claro que la delincuencia organizada es un fenómeno dinámico que evoluciona a distintos ritmos y se adapta al entorno en el que se establece. Su crecimiento depende de múltiples variables locales e internacionales y, como cualquier otra industria, busca adaptarse para incrementar su mercado de manera que aumente su rentabilidad. Combatirla es un imperativo insoslayable.

Existe abundante literatura sobre el caso mexicano que explica por qué las organizaciones delictivas dedicadas a este negocio pudieron crecer de tal manera que se convirtieron en los cárteles más poderosos en el mundo; su cimentación se funda en contar con una demanda estable del mercado de consumo más grande de estupefacientes, como lo es Estados Unidos. Se dice fácil, pero no podemos perder de vista lo que ello significa: miles de millones de dólares de utilidad, lo cual conlleva la capacidad de reclutar al personal que requieran; comprar todo tipo de armas, municiones, transporte y cualquier otro equipamiento con la tecnología más sofisticada, así como corromper autoridades de todos los niveles de gobierno. El reto que representa pondría a prueba a cualquier gobierno en el mundo.

El costo de confrontar a la delincuencia ha sido enorme para el país y, sobre todo, para miles de familias mexicanas que se han visto afectadas de manera directa y brutal por la pérdida de sus hijos, esposos, hermanos, madres y padres. Ello incluye a los parientes de los militares y marinos, de los policías, de civiles inocentes, de los mismos delincuentes, hombres y mujeres jóvenes en su inmensa mayoría.

Otra consecuencia directa de esta situación es la constatación de la debilidad del Estado de derecho que prevalece en nuestro país. La insuficiencia de las instituciones de procuración de justicia y aplicación de la ley ha hecho evidente los niveles de impunidad que goza una buena parte de la delincuencia. Ello incluye no sólo a las autoridades administrativas, sino también a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y tribunales. Ningún país puede alcanzar un nivel de desarrollo sustentable y equitativo con esta debilidad estructural.

Sobre la producción y trasiego de drogas también se ha discutido casi con obsesión; existen opiniones discordantes sobre la posibilidad real de reducir o eliminar esa actividad mediante el desmantelamiento de las organizaciones del narcotráfico por medio de la fuerza de las autoridades militares o civiles. Las críticas son muchas y las opciones son pocas. El panorama luce desalentador porque no hay experiencias exitosas, contundentes, que demuestren alternativas viables.

La experiencia internacional confirma que todos los países encuentran difíciles y complejos retos para enfrentar a la delincuencia organizada en sus territorios. En todos ellos, el costo humano es inevitable, la corrupción permea y las instituciones de procuración de justicia y la aplicación de la ley se ven sometidas a todo tipo de presiones y amenazas. No es lo mismo enfrentar este delito en los países nórdicos que en Rusia, Turquía, Reino Unido o en Brasil, Colombia, Honduras o México. Estados Unidos lleva décadas de intentar ganar sin éxito “la guerra contra las drogas”, declarada por Ronald Reagan y Richard Nixon desde los años setenta. Hoy existen 24.6 millones de consumidores frecuentes de las diversas drogas que circulan en ese país y es notable la permanencia de un mercado que parece inmune a las políticas de combate al narcotráfico e inclusive a las de prevención.

Tomó cuatro décadas para que nuestros vecinos del norte iniciaran un acercamiento distinto al consumo de drogas, mediante la regulación del uso de la mariguana para fines médicos y lúdicos. Hasta hoy, todo indica que en los próximos años podríamos ver un uso generalizado de esta droga como parte de los hábitos regulares de los estadunidenses, escena que, hasta hace poco, parecía imposible. Hoy se produce en su territorio el 50% de la oferta que atiende a los casi 25 millones de consumidores, el restante 50% se introduce desde Canadá y México.

Al escribir esta colaboración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de cuatro ciudadanos que solicitaban permiso para cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana.. El  falló cimbró a la opinión pública nacional y mereció amplia difusión en los medios internacionales. El enfoque del mismo sorprendió a muchos al centrarse en la defensa del derecho humano a la libre determinación de la personalidad. Abrió la ventana para asomarnos a un mundo lleno de prejuicios, estigmas, desinformación y misterios. Queda mucho pendiente por decir y aprender.

Twitter: @Gustavo Mohar