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Oportunidad histórica: la Fiscalía General

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

El presidente Obama propuso al Senado aprobar a la abogada Loretta Elizabeth Lynch como procuradora General de Estados Unidos. De ser confirmada, será la primera mujer afroamericana, segundo afroamericano después de Holder y la segunda mujer de la impresionante Janet Reno en ocupar ese importante cargo.

La señora Lynch ha trabajado toda su vida en el Poder Judicial, donde se distinguió por su sencillez y su firmeza; igual combatió a la mafia que sentenció a policías acusados de violar los derechos humanos, a terroristas y narcotraficantes e investigó violaciones por parte del Citibank, lo cual  derivó en una multa de siete mil millones de dólares.

Ha declarado que aplicará la absoluta autonomía que la ley otorga al Departamento de Justicia y que cada una de sus decisiones estará basada en buscar el bienestar de los ciudadanos. Es de destacar que nunca tuvo contacto ni relación con el presidente Obama, quien al nominarla señaló que es difícil encontrar alguien tan calificado para ese puesto: “Es reconocida como dura, pero justa, ha pasado muchos años en la trinchera como fiscal”. A la pregunta de un conservador senador republicano declaró que de ser necesario ella le diría no al Presidente.

Respecto al asunto migratorio, fue cuestionada por numerosos legisladores republicanos, sostuvo que si bien no tuvo que ver con la decisión del presidente Obama de facilitar la legalización de millones de indocumentados, ella está convencida de que es una medida razonable.

Estados Unidos tiene instituciones maduras y una cultura política efectiva en el  balance entre los poderes que lo gobiernan. Si bien el Presidente es tal vez el hombre más poderoso en el mundo, sus acciones son permanentemente observadas y cuestionadas por el Congreso. El Poder Judicial ejerce una especie de balance entre los dos y garantiza la aplicación del Estado de derecho. Tiene el poder para enjuiciar al propio titular del Ejecutivo, como fue el caso de la investigación llevada a cabo por un fiscal independiente nombrado por la procuradora General Janet Reno colaboradora cercana al presidente Bill Clinton, por su famoso affaire con una joven asesora. En México, en septiembre de 2014 el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República. En su Exposición de Motivos señaló que con ella busca dar contenido a los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política, por los cuales se establece la reforma más trascendente del sistema procesal penal en la historia de nuestro país.

Se propone un nuevo sistema acusatorio y oral en lugar del todavía vigente sistema escrito que busca, entre otros objetivos, dar velocidad a los juicios penales y transparencia a los mismos. El segundo de los artículos citados transforma la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, con el fin de dotarla de autonomía respecto del Presidente. Por primera vez será un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a diferencia de la Procuraduría General actual, que depende del Ejecutivo federal. Quien sea designado fiscal General de la República será seleccionado entre una lista de diez candidatos integrada por el Senado, de los cuales el Ejecutivo seleccionará una terna, la cual será analizada por el Senado previa comparecencia de los candidatos. El seleccionado estará en ese cargo por nueve años.

Sólo podría ser removido por el Presidente por causas graves y dicha remoción puede ser objetada por una mayoría del Senado en cuyo caso será restituido en sus funciones. Por último, la iniciativa establece la creación de dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra para el combate a la corrupción. Si bien las personas que ejercerán esos cargos serán nombradas por el fiscal General, tanto su nombramiento como remoción podrán ser objetados por el Senado.

En diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que fue turnada a consideración de la Cámara alta, que se espera discuta y en su caso apruebe la misma durante este año. En mi opinión, ésta es una reforma de enorme trascendencia para el futuro del país en materia de impartición de justicia y Estado de derecho.

La manera en que se implemente esta iniciativa, en lo que hace a la selección de su titular y se opere su autonomía, puede hacer realidad uno de los elementos centrales de la democracia representativa como es el que todos estemos sometidos al imperio de la ley.

Podemos estar en el umbral de una añeja aspiración mexicana y una urgente necesidad hecha evidente en los últimos meses: empezar a recuperar la confianza en nuestras instituciones.

                *Director de Grupo Atalaya

                Twitter:@GustavoMohar

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