Por Pau Messeguer Gally / Economista en jefe de Multiva
El año pasado, la actual administración presentó el Plan México como un gran paraguas de objetivos económicos y sociales. El planteamiento era amplio y políticamente útil: ordenar prioridades, señalar sectores estratégicos y mandar una señal de dirección. Pero también dejaba la sensación de que había ruta, sí, aunque todavía faltaba bajar varias ideas al terreno concreto.
Este año, con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el gobierno dio un paso adelante. Ya no sólo habló de metas generales, sino de un monto específico: 722 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado en 2026, equivalente a alrededor de 2.0% del PIB, dentro de una estrategia sexenal que busca movilizar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030. Más importante aún, el anuncio del monto no vino solo: también se empezó a delinear el andamiaje para que esa inversión pueda ocurrir.
Ahí está, justamente, una de las novedades más relevantes. La discusión ya no se limita a cuánto se quiere invertir, sino a cómo hacerlo posible. En ese contexto, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca regular mecanismos que faciliten el desarrollo y la ejecución de proyectos estratégicos. En paralelo, se habla de coordinación institucional, nuevos vehículos financieros, participación mixta y ajustes normativos que den mayor certidumbre a los inversionistas y protección presupuestaria a los proyectos prioritarios.
La importancia de esta ley está en que intenta resolver una de las dudas más obvias frente a cualquier plan de infraestructura: de dónde va a salir el dinero. Su valor no está en crear recursos de la nada, sino en permitir que los proyectos no dependan exclusivamente del presupuesto federal de un solo año. Al abrir espacio a esquemas de inversión mixta, nuevos vehículos financieros y mayor participación privada, la ley busca volver financiables obras que de otra manera podrían quedarse sólo en anuncio. Además, al dar mayor certidumbre sobre el cumplimiento de contratos y blindar presupuestalmente los proyectos prioritarios, reduce uno de los principales frenos para quien podría aportar capital: el riesgo de que la obra se quede sin respaldo a mitad del camino.
Todo eso es positivo. En un país donde muchas veces la obra pública se anuncia antes de estar bien estructurada, no es menor que primero se intente ordenar el marco de ejecución, financiamiento y continuidad presupuestal. De hecho, parte del valor de esta nueva etapa está en reconocer que levantar infraestructura no depende sólo de voluntad política, sino también de reglas claras, mecanismos bancables y certeza para quien va a poner capital.
El problema es que el calendario económico no espera. Porque mientras el marco se arma, la ejecución sigue sin aparecer en los datos. De acuerdo con cifras de Hacienda citadas, la inversión física del sector público en el primer bimestre del año se desplomó 44.98% anual. Buena parte de esa caída provino de Pemex, que arrancó el año con un mejor balance financiero, aunque probablemente a costa de una menor operación e inversión. El matiz importa, pero no cambia el diagnóstico de fondo de que el movimiento de recursos hacia la infraestructura todavía no arranca.
Y eso vuelve más urgente el siguiente paso. Porque después del plan general y del nuevo andamiaje legal, lo que el país necesita ver son proyectos ejecutivos con nombre y apellido, calendarios, licitaciones, fuentes de repago, esquemas de participación y tiempos de construcción. En otras palabras, más obra identificable.
No es un detalle menor. El crecimiento de México este año depende, en buena medida, de que la inversión en infraestructura deje de ser expectativa y se convierta en actividad económica. Además, si el país quiere aprovechar de verdad su momento como destino estratégico de inversión (por cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos, por integración regional y por su todavía favorable bono demográfico) necesita ofrecer algo más que ubicación: necesita energía, logística, agua, conectividad y capacidad operativa.
La buena noticia es que el gobierno está mandando la señal de que, sin estructura financiera y jurídica, muchas obras no caminan. La mala es que el año corre, y en economía el tiempo también cuesta. Ordenar primero y construir después puede ser la secuencia correcta. Pero a partir de ahora, empezar a construir se volvió indispensable.