Conocimientos globales

En días pasados, la próxima titular del Conacyt en el nuevo gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre, María Elena Álvarez-Buylla Roces, doctora en genética molecular por la Universidad de Berkeley, California, solicitó que fueran suspendidas las convocatorias para becas y contratos de la institución que involucren recursos de la futura administración, situación que fue ampliamente aclarada.

Ante el revuelo que causó en la opinión pública tal petición, surge la pregunta: ¿qué es el Conacyt y cómo se vincula en el desarrollo científico y tecnológico de México?

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se fundó en 1970 como un organismo público descentralizado, cuyo objetivo ha sido promover y estimular el desarrollo científico y tecnológico en México, además de ser responsable de elaborar las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología en el país.

Actualmente, la institución administra el llamado Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y proporciona apoyo económico a estudiantes de maestría o doctorado que buscan su preparación en centros académicos de excelencia, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, el Conacyt es una herramienta de gran valor para insertar al país en los procesos de generación de riqueza existentes en la llamada economía del conocimiento, un sector de la economía real que utiliza el conocimiento científico y la innovación tecnológica como un instrumento fundamental para generar valor agregado y riqueza por medio de la transformación de la información.

En 1996, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acuñó el término de economía del conocimiento para identificar y describir a las naciones industrializadas que utilizaban el conocimiento como un factor clave para el desarrollo económico.

Desde entonces, la economía del conocimiento se ha basado en cuatro pilares fundamentales: la base educativa y de capacitación de la fuerza laboral, que busca niveles de excelencia; un permanente crecimiento de la infraestructura necesaria para el acceso a la información; una extensa red de centros de investigación, academias, institutos y universidades que generen innovación y nuevos conocimientos, y un eficiente sistema jurídico que permita la creación, difusión y apropiación del conocimiento.

En estos términos, por ejemplo, con cifras del propio Conacyt 2015, en México, el llamado gasto en investigación y desarrollo experimental representa apenas el 0.54% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB); somos el lugar 22 de 34 en la OCDE en producción de artículos científicos, con apenas 0.6% de la producción a nivel mundial; contamos con 4.4% de participación de patentes en los países miembros de la OCDE y tenemos un déficit con el mundo de 150 millones de dólares en la llamada balanza de pagos tecnológica.

Cifras insuficientes para pretender que en México exista algo parecido a la economía del conocimiento.

Y, según datos del Informe de la UNESCO sobre la ciencia. Hacia 2030, presentados en el año de 2013, el Gasto Bruto en Inversión y Desarrollo mundial (GBID) ascendió a  mil 478 mil millones de dólares; las regiones con mayor inversión fueron la Unión Europea, Estados Unidos y la República Popular China. Del total de ese gasto, en México apenas se realizó el 0.5 por ciento.

Actualmente, según el propio informe, existen en el mundo cerca de ocho millones de científicos e ingenieros contratados en labores de investigación científica y tecnológica; de los cuales 22% se encuentra en la Unión Europea, 19% en China, 16% en EU y 0.6 % en México. Contamos, pues, con poco más de 40 mil investigadores, de los cuales el Conacyt reporta cerca de 30 mil científicos acreditados como beneficiarios de su Sistema Nacional de Investigadores.

Mientras en la República Popular China hay un millón 600 mil investigadores, en México hay apenas 40 mil. La brecha entre un país  y otro es simplemente enorme.

Todo lo anterior nos habla, al día de hoy, de una deficiente cultura científica y tecnológica en el país.

El futuro gobierno tendrá entonces un reto enorme en materia de promoción de la ciencia y la tecnología y en la generación de políticas públicas destinadas a colocarnos como una nación con conocimientos globales.