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En la democracia, las alianzas y coaliciones entre partidos políticos son legítimas, en ocasiones necesarias y en la mayoría de los sistemas democráticos también son legales. En México no son novedad, aunque se pongan de moda su debate, aceptación o descalificación frente a la proximidad de algún proceso electoral y todos los partidos políticos, incluido el PRI, han recurrido a ellas.

Hay que apuntar que alianzas, coaliciones o frentes electorales han participado en México al menos desde los años cuarenta del siglo pasado, incluso en candidaturas presidenciales.

Por ejemplo, en los años recientes, es un decir, en 1976 José López Portillo fue candidato a la Presidencia de la República por el PRI y los ahora inexistentes Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y compitió contra sí mismo, porque el PAN no presentó candidato. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato del Frente Democrático Nacional (varios partidos y organizaciones políticas). En 2000, Vicente Fox lo fue de la alianza entre el PAN y el PVEM, en ese mismo año y en 2012 Andrés Manuel López Obrador también fue candidato de alianzas partidistas, como Enrique Peña Nieto en ese último año por el PRI y PVEM.

Las críticas a las alianzas, coaliciones o frentes político-electorales casi siempre vienen de los partidos que creen o sienten que esas uniones son contra ellos, sobre todo cuando son o se sienten hegemónicos. Es necesario decir también que esas agrupaciones coyunturales de partidos políticos son muy diferentes en los sistemas presidencialistas y en los parlamentarios, aunque su objetivo sea el mismo: la obtención del poder.

Hoy se discute, interna y externamente, las probables alianzas del PAN y del PRD para las elecciones del primer domingo de junio próximo, en las que se elegirán a 12 gobernadores de otros tantos estados. En este momento las 32 entidades federativas (se incluye el Distrito Federal) están repartidas así: 20 son del PRI, cuatro del PAN, cuatro del PRD, tres de la alianza PAN-PRD y un “independiente”. El 5 de junio próximo están en juego nueve gubernaturas en manos del PRI y las tres de la alianza PAN-PRD.

El PRI está decidido a, como en sus viejos tiempos que también son los viejos tiempos del país, arrasar en todas, a regresar al “carro completo” o al “de todas, todas” y en estos momentos no parece que haya partido opositor o alianza opositora que pueda impedírselo. De ahí la urgencia de los dirigentes panistas y perredistas de llegar a acuerdos, aun a costa de la oposición de algunos de sus propios correligionarios.

Sin embargo, en 2016, las alianzas PAN-PRD en algunas de las gubernaturas no producen muchas ilusiones de triunfo. Enfrentan, como todos, el desprestigio de los partidos y de los políticos, la irritación popular contra los gobiernos de cualquier signo, los probables conflictos económicos de los próximos meses y, como siempre, la falta de solución a problemas sociales de cualquier nivel.

Pero además, los gobiernos surgidos de alianzas entre el PAN-PRD no han dado resultados diferentes a los de los gobiernos priistas. En este momento, hay tres estados (Puebla, Sinaloa y Oaxaca) con gobernadores apoyados por esa alianza y hasta hace unos meses eran cuatro con Guerrero. En esos cuatro estados, los candidatos aliancistas fueron todos expriistas. ¿Por qué? Pues sencillo: ninguno de los dos partidos es capaz de aceptar una candidatura de un destacado militante de su presunto partido socio y entonces se recurre a la facilidad de presentar a un presunto “independiente” o “ciudadano”, quien resulta un expriista como Rafael Moreno Valle, Mario López Valdez, Gabino Cué o Ángel Aguirre Rivero.

Si los gobiernos de los citados estados hubieran sido buenos gobiernos,  seguramente los ciudadanos votarían por alguno de los partidos o la alianza de partidos que los postularon. Eso pasa en la democracia. El elector premia o castiga. Y seguramente los ciudadanos, más allá del llamado voto duro (los militantes fieles a sus partidos) de esos estados van a castigar a los partidos que postularon a tales gobernadores.

Las alianzas, las coaliciones o frentes electorales son hechos pragmáticos. En ellas, las doctrinas ideológicas (si es que las hay ahora) quedan en segundo plano, con el objetivo de vencer a un enemigo común. Para ello es necesario, lo que no ha ocurrido en México, un programa de trabajo lo más concreto posible: una lista de acciones y obras a realizar durante ese gobierno aliancista; compromisos reales sobre hechos u obras reales.

No ha ocurrido así ni con quienes han sido presidentes de la República, gobernadores o presidentes municipales postulados por esas alianzas, que hasta ahora el único fin pragmático que han tenido es juntar sus votos duros para sumar más que sus competidores. Y hoy, parece que tendrán que pagar esa factura… con el riesgo para el país de restaurar tiempos que parecían superados. Y peor: a dos años de la elección presidencial.