¿Narcofraude?

Dime de qué presumes, y te diré de qué careces. De ser sólida y creciente la popularidad del cacique, mirar hacia el INE sería innecesario. Más aún, si Morena ha resultado ganadora en la mayoría de los comicios. No obstante, cada día se recrudece la disputa por una reforma electoral. Siendo un mal momento para poner el tema sobre la mesa, parece razonable identificar los motivos detrás de ella.

Para entender el problema debe uno cuestionarse cuáles son las motivaciones del desesperado impulsor de la iniciativa, ya que todo apuntaría a pensar que el férreo control que ejerce sobre las instancias federales, estatales y municipales redundaría en una holgada victoria, como ésa que no tuvo Lula.

Dadas las suspicacias que suscita la terca postura oficial, abordaré un primer escenario, a modo de entender lo que está pasando.

Es claro que hemos dado poca atención a la importancia que tienen los cobradores de piso, quienes se han convertido en los más eficaces operadores electorales, ya que su presencia se ha dejado sentir, tanto en los procesos estatales, como en los municipales, en los que hasta las despensas ostentan el sello del cártel o capo local.

Esos personajes tienen identificados a quienes han sido seleccionados para ser funcionarios de casilla y, a diferencia del INE, ellos sí saben a qué se dedica y dónde está toda la familia del insaculado. La elección se acaba, pero la presencia de quienes deciden lo que pasa en cada municipio, alcaldía o región tomada, no. No hay que llenar urnas, ni mucho menos andar jugando al ratón loco, simplemente hay que tener bien platicados al número idóneo de funcionarios de casilla.

Aceptémoslo, nadie va a poner la tutela del voto por encima de su seguridad personal. A cada uno se le dice qué papel va a jugar y nadie le juega al valiente. Ello, por supuesto, no en todas las mesas, sólo en el número estadísticamente necesario.

Lo que pasa en el interior de una casilla amagada no es objeto de fiscalización. Y si a ello sumamos que ya es público que se levanta a quienes tras la visita se rebelan, o que, incluso, se atenta contra quienes muestran resistencia, el pacto de silencio en la mesa está asegurado, aunque entre los funcionarios nada se comente. Es acta o plomo.

El hecho de que con mucha antelación se conozca la identidad y sección del ungido, lo coloca en condición de vulnerabilidad. En el 2018, el valor de esa información mostró una efectividad sin paralelo, ni precedente, pero también acusó dos grandes defectos. El primero, es que no se puede ejecutar más de una vez sin gran notoriedad. Ese año tomó a todos por sorpresa. El segundo, y de mayor importancia, es que los cárteles, que a final de cuentas mandan, prefieren poner a uno elegido por ellos y no a una de las muy raspadas corcholatas.

La falta de renovación del pacto electoral con el crimen organizado hizo que una reforma electoral sea jugada obligada.

Siendo así, el caudillo se aprestó a poner al Ejército en las calles hasta después de las elecciones, imponiendo nuevos equilibrios territoriales. Adicionalmente, se ha determinado a controlar el resultado a la vieja usanza, esto es, desde el padrón electoral y escamoteando recursos al árbitro, orillándolo a instalar menos casillas, así como a reducir el número de sujetos a ser preparados como funcionarios.

La precarización del proceso por la vía de la insuficiencia presupuestaria hace que, desde el poder, se pueda ejercer, con mayor facilidad, presión en los integrantes de mesa, pero ahora, sin la ayuda de los cobradores de piso, a quienes se pretende sustituir con siervos de la nación.