Tanto tiempo anduvo por las brechas, que no tuvo tiempo de hacerse conocedor de las leyes ni del orden constitucional. Por supuesto, nadie le discute que en ellas se pudo hacer amigo, tanto de quienes las transitan porque hacen de las labores del campo su quehacer, como de los que las prefieren por estar a salto de mata.
En la proximidad del término de su gestión, no acaba de llamar por su nombre a las instituciones que componen el sector público. Tampoco sabe que, desde el palaciego atril, sólo puede hablar de lo que expresamente la ley le faculta, ordena o le permite, tratar.
Podemos afirmar que se acabará el sexenio sin que haga suyas elementales nociones de derecho público. El sobado discurso que le sirvió para hacer turismo electoral, financiado por generosos sobres amarillos que provenían de los empresarios que el viejo régimen escogió para aplacarlo, sigue siendo el caballo de batalla en el que se monta todas las mañanas.
Uno de los conceptos constitucionales que no le acaba de quedar claro es que no se puede enfundar en la calidad de simple ciudadano, al estar envuelto en las potestades que la banda le confiere. Esto es, él asume que simultáneamente es cliente y cantinero. Que de su boca lo mismo sale lo que grita el energúmeno agitador callejero, que lo que conforme, a las leyes, corresponde decir el titular del Poder Ejecutivo federal.
Hizo de la agitación rentable fuente de recursos, con la que no sólo sufragó el gasto diario durante tres sexenios, sino que, gracias a ella, pudo llegar a ocupar lo único que ambicionó en la vida, la silla presidencial. Por ello se rehúsa a abandonar la provocación como sendero.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, garantizado a los individuos en nuestra Constitución. Se trata de uno de los pactos fundacionales, consiste en que el detentador del poder público no puede coartar, limitar o restringir a los mexicanos la libre expresión de las ideas. Sí, se trata de un derecho que sólo puede ser ejercido por quien se manifiesta completamente desprovisto de las potestades que la ley reserva a la autoridad.
Hablar de libertad de expresión, tratándose de las autoridades, no sólo acusa una lamentable y supina ignorancia del origen de las garantías constitucionales, su alcance y ámbito de aplicación, sino también del concepto básico que conmina a las autoridades a hacer sólo lo que le está mandatado, autorizado o permitido por las leyes.
Todo aquel que en México había ostentado la investidura, por rústica y básica que fuera su instrucción, supo que no se puede ser sumo pontífice y hereje al mismo tiempo. Les resultó claro que sólo son los gobernados quienes pueden dolerse y reclamar por abusos de autoridad. Antes, ninguna autoridad incurrió en la aberrante posición de hacerse pasar por víctima de quienes no tienen el poder del Estado detrás suyo.
A la distancia, la historia dará cuenta del gendarme que, con el garrote ensangrentado, acusó al golpeado por hacer mellas en él. Los monólogos, como las autocracias, con el tiempo generan personajes que pierden toda noción de la realidad. El respeto a la ley ha sido el ancla que ha mantenido a los déspotas con los pies en la tierra, al perderse, suelen volarse, pero caen estrepitosamente cuando el sol del juicio histórico les derrite las alas.
Hoy, el cacique se dice violentado en razón de género, burlándose y haciendo mofa de un movimiento que, por mucho, supera al suyo, el cual no es más que una federación de hordas. Aun así, hay mujeres de su lado, mostrando que para algunas puede más la ambición política que la dignidad.