Como era de esperarse, no faltaría quien propusiera convertir en deuda soberana el endeudamiento de Petróleos Mexicanos, lo cual, por supuesto, es una mala idea, que sólo “abarata" costos en el muy corto plazo, pero lejos de arreglar nada, pone en riesgo el crédito público. Es claro que se trata de una medida desesperada para dar apariencia de control sobre el pasivo público, pero, en realidad, lo único que hace es permitir que el devorador de recursos siga haciendo de las suyas, atracando a todos los mexicanos.
Es buen momento para decir a los cuatro vientos: ya nos saquearon, y nos quieren volver a saquear. No sólo es urgente que cesen las desproporcionadas y excesivas transferencias a la petrolera, sino que es preciso que ésta aminore el paso de colocaciones y otras formas de financiamiento, habiendo quedado claro que la entidad es incapaz de ejercer con habilidad la capacidad de endeudarse.
Antes, mucho antes de pensar en transferir deuda irresponsablemente generada, contraída a tasas que no encuentran justificación técnica, sino origen en una evidente incapacidad para obtener financiamiento en condiciones razonables, debe hacerse un profundo análisis de cada una de las emisiones, ya que no deben gravitar sobre el erario esas vulgares aberraciones, sin que antes sean reestructuradas, dado que éstas se contrataron considerando que se financiaba a una entidad de bajísima calidad crediticia.
Resulta insensato el comenzar por el final, cuando lo que debiera estarse discutiendo es una drástica reducción de salarios; la eliminación de miles de plazas redundantes y una renegociación del contrato colectivo, liquidando a quienes no quieran transitar hacia el nuevo acuerdo laboral, uno que efectivamente refleje la condición financiera del agonizante gigante.
El proceso no sólo pasa por una necesaria reingeniería de procesos que elimine líneas y productos que resultan incosteables o de baja rentabilidad, sino que empieza por eliminar un buen número de oficinas en el exterior, que no son sino injustificadas “embajadas" donde se dilapidan fortunas, otorgando a los ujieres enviados modos de vida que no corresponden a la empresa quebrada que representan. Se han hecho cuestionables designaciones en favor de funcionarios que saben demasiado, no de la industria petrolera, sino de los atracos y desfalcos ahí registrados. Sí, son dorados tapabocas que todos pagamos. Estas legaciones en el extranjero no pasan la más superficial revisión de viáticos y reembolsos. En caso de hacerse público lo que ahí pasa y la identidad de los designados, lo menos es que se generará en la población un ánimo de linchamiento, tanto de quienes así abusan de las finanzas públicas, como de quienes les dispensaron tan absurdo trato.
Ya resulta inaplazable que el director general y los miembros del consejo de administración rindan efectiva cuenta, esto es, no que informen de lo que les venga en gana, sino que expliquen el resultado de sus ocurrencias y peripecias, ya sin graficas amañadas ni datos imposibles de verificar. Buques vienen y van, pero las cuentas no cuadran, es hora de parar.
La secrecía con la que se mantiene la información de la petrolera ha llegado a ser crucial, dado que se oculta lo que ya es inconfesable. La obligada auditoría de gestión y desempeño tendrá que tomar el control de los discos duros y del acceso a las cuentas bancarias en todo el orbe, ofreciendo, de entrada, criterios de oportunidad a quienes primero suelten la sopa. Les guste o no, se trata de tomar control de un tugurio, manejado como el hampa opera sus negocios. La seriedad que ella supone descalifica, de inicio, a la Auditoría Superior de la Federación.
Cada peso que salga del presupuesto, cada apoyo que se otorgue con cargo al crédito de la nación, cada descuento o condonación, precisa de una clara justificación por parte de quien lo autorice, so pena de ser cómplice de quienes han desfalcado a lo que fuera una entidad pública, transformada en mina de negro oro para unos cuantos.
Asumir la deuda de Petróleos Mexicanos viola la Constitución, atropella la Ley Federal de Deuda Pública y entraña desvio de recursos que no tienen, ni en derecho pueden tener, tan lamentable destino.