Juicio político

Hay quienes piensan que, con un breve referente de puestos desempeñados en el Poder Judicial de la Federación se puede tener una clara imagen de cualquier juzgador, sin embargo, no son sino quienes hacen del litigio federal toda una brega, los que realmente conocen a estos personajes, a partir de decenas, y hasta centenas, de acuerdos y resoluciones.

Sentado lo anterior, es de decirse que Rodrigo de la Peza es uno de esos claros ejemplos con los que se puede explicar el por qué ese Poder se encuentra hoy en la picota. Sus determinaciones suelen ser poco profundas; incongruentes e inconsistentes, dado que no en pocas ocasiones son producto de los poco versados pareceres de los que le auxilian en el cargo, sobre quienes, sin lugar a duda, abandona la función jurisdiccional. Muchas veces más, sus actuaciones no son sino el producto de los vaivenes políticos que son dictados desde Pino Suárez, sí, es del juez de consigna de manual.

Al dar lectura a muchas de sus resoluciones puede uno apreciar que lo único claro en ellas es el sentido de la decisión, pero no la lógica que condujo a ella, por lo que no fue extraño que no fuera ratificado en la posición que hasta hace poco tenía en un juzgado de Distrito especializado por materia, que no por no sapiencia. Sí, ha dictado suspensiones, pero poco o nada hace porque se respeten, y no es extraño que, tratando de quedar bien, al mismo tiempo, con los de arriba y con las autoridades responsables, termine afectando a los particulares, claro, salvo a un par de firmas legales con las que ha construido una sólida relación. Se trata, pues, de lo que ya nadie quiere ver en el vilipendiado Poder.

Sin embargo, lo acontecido deja claro que la titular de la Secretaría de Gobernación manda un autoritario y draconiano mensaje, inaceptable en un Estado de derecho, ya que el juicio político puede derivar en la destitución e inhabilitación de aquel, pero no en modificar lo resuelto, ni mucho menos en volver al cauce de ley lo que se dice fue incorrecto. Lo que ha hecho la hija del litigante es dejar claro que quien resuelva en contra de la autoridad tiene sus días contados en el puesto, y con ello, manda un contundente mensaje a los justiciables. No sólo se busca hacer trizas la independencia judicial con una inefable reforma constitucional, sino que el gobierno en turno ha decidido adelantarse, y, por la vía de los hechos, se ha determinado a anular a los jueces. Hemos llegado al punto en el que el proceso legislativo es tan simulado, como innecesario, ¿por qué esperar?

Peor aún es el caso de Mónica Soto, quien sabe, o debería saber, que la vía era recurrir, y no denunciar. En aquellos tiempos, cuando la ley era la ley, la justicia estaba al alcance de los gobernados y los juzgados la administraban, la sola presentación de la impertinente denuncia, sin mediar intervención del Consejo la Judicatura Federal, habría sido interpretada como un acto lesivo de la independencia judicial y un indebido desprecio, por lo que es estrictamente jurisdiccional, en suma, sería vista como un impresentable acto intimidatorio. Sí, en otros tiempos se consideraría la denuncia una falta grave en el desempeño de la función, provocando sanciones previstas en la Ley Orgánica.

Mucho ayuda lo ocurrido para saber hacia dónde vamos. Más, a quienes han comprado la ingenua idea de que la idea es mejorar, cuando en realidad, sólo se trata de ir de Guatemala a Guatepeor. El sainete es visto con mucho interés por los inversionistas, y más, por quienes veían en nuestro país la meca del nearshoring.