Gobierno de facto

El tiempo demostrará que la decisión que la SCJN emitirá el día de mañana es la más importante de su historia, quizá, más aún que aquella primera, con la que México se sumó a los países que protegen y tutelan los derechos fundamentales, los cuales no quedan, ni sensatamente pueden quedar, abandonados al vaivén de ruines decisiones coyunturales, menos aún a subordinadas ocurrencias políticas o peripecias demagógicas. Se trata de garantías mínimas, de las que toda persona debe gozar y que los gobiernos democráticos deben tutelar.

Tales garantías no cambian de país a país, son propias de todo ser humano, por lo que el Estado moderno, esto es, aquellas naciones que surgieran a partir de 1215 con la Carta Magna, simplemente las recogen en un apartado que se conoce como dogmático, ya que son universales fórmulas pétreas que establecen básicas condiciones que precisa el ciudadano común para desarrollarse en un entorno de equidad y justicia, teniendo siempre el expedito derecho de oponerlas a sus semejantes, e, incluso, a quien lo gobierne.

En este espacio de expresión he reiterado que es fácil evaluar el éxito de las naciones a través del desarrollo de sus sistemas judiciales, ya que las leyes son constantemente adecuadas y corregidas por un complejo, pero fino entramado de sentencias y criterios que surgen en el seno del poder que asegura a los ciudadanos ser el eje y fin de toda sociedad organizada, rol que no corresponde a quienes han sido electos para ejercer el mando en provecho y beneficio de todos.

Baste decir que el derecho mexicano, hasta hace unos años, era de mejor cuño, diseño estructural y llana comprensión que el de Estados Unidos de América, sin embargo, el digno, portentoso y bien conformado Poder Judicial federal del vecino ha hecho la diferencia, en términos de desarrollo social, económico y tecnológico. A partir de parcas y cripticas regulaciones de corte sajón, la Suprema Corte de aquel país ha sabido establecer un entorno de concordia, estabilidad y certeza que lo llevó, en tan sólo 100 años, a erigirse como la gran potencia que es ahora.

Vendrá la decisión sobre la aberración jurídica que han tenido el mal tino de llamar “reforma judicial”, y, dada la enorme torpeza con la que se conducen, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, también sobre la impresentable modificación que lleva el esquizofrénico nombre de supremacía constitucional, disparate que, precisamente, la derruye. Así es, dada la poca preparación que prevalece entre los litigantes oficialistas, no se ha caído en cuenta de que la instrucción no está cerrada, y, por tanto, podrá incluirse en el debate la recién publicada barbaridad.

Es de esperarse una reprobación jurisdiccional, la que se topará con un desacato generalizado, que irá desde los altos niveles de la burocracia, hasta el lumpen de ésta. Error histórico y de proporciones mayúsculas. El gobierno, en su conjunto, caminará por la vereda de la ilegalidad, se transformará en un contumaz y rebelde infractor.

Por la fuerza, que es lo único que les asiste, impondrán sus decisiones, eludiendo el someterse al primigenio orden constitucional, ése que construyó el Constituyente originario, al cual han desconocido y atropellado, siendo éste, y no el espurio brazo político del crimen organizado, el que creó un país para todos, teniendo al republicano equilibrio de Poderes como directiva axial.

Pasará el tiempo, no es posible saber cuánto, antes de que adviertan que han edificado no sobre lodo, sino sobre estiércol. Sí, el desacato descalificará todo lo que se haga a su sombra.