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La Cámara de Diputados se convirtió en un convidado de piedra en lo que hace a la fiscalización y comprobación de la cuenta pública, nada coincide.

La última mentira en quedar al descubierto fue la de no estarse endeudando. Por 4 años, López vivió un sueño de opio atracando las arcas nacionales, ha comprobado que no son inagotables.

Los fideicomisos públicos constituyeron sólo uno de los rubros que distrajo, el desorden privó durante años, haciendo del Presupuesto de Egresos de la Federación una gran farsa, en la que no importaba el destino dado por el Congreso a las partidas, él decidía, sobre la marcha, qué hacer con el dinero, siendo irrelevante que existiera provisión o no para hacer realidad el capricho del día, el recurso se tomaba de donde fuera, sin importar qué gasto se dejaba de cubrir.

La Cámara de Diputados se convirtió en un convidado de piedra en lo que hace a la fiscalización y comprobación de la cuenta pública, nada coincide. Bajo el alegórico nombre de reasignación, se encubre el más grande despilfarro de la historia; lo aprobado no corresponde a lo erogado, pero, a quién le importa, se aprueba lo que sea, al fin que, con tan sólo un manotazo, la Auditoría Superior de la Federación es silenciada.

De nada sirve el proyecto de presupuesto que se presente y sus alambicados anexos, se toma el dinero de la Tesorería a manos llenas, sin que exista control alguno, girándose contra la cuenta nacional lo que sea necesario para cubrir los absurdos y exorbitantes pagos que generan las ocurrencias del morador de la guarida nacional.

El proceso de cuenta pública ha sido burlado como nunca en la historia. Los poco avezados sujetos electos o designados como diputados poco saben o conocen de tal proceso, y si alguien osa señalar desvíos que debieran ser clasificados como peculado, simple y sencillamente es avasallado con amenazas de todo tipo.

En tanto que Pérez Dayán sigue preguntándose lo que nadie le ha preguntado, el texto constitucional fue atropellado. Emproblemado con el pesar que aún le ocasiona ser uno de los magistrados que urdió el desafuero del entonces jefe de Gobierno, dio al autócrata el poder de endeudarse sin registrar lo recibido, de forma que nadie sabe de qué tamaño es el boquete. Si entendió o no lo que le pidió Medina Mora, al formular aquel inefable proyecto con el que, de un plumazo, se quitaron páginas a la entonces Ley General de Deuda Pública, ya no importa; de manera insensata, frívola e interesada, lo hizo. Su nombre no debe olvidarse cuando la palabra crisis reaparezca.

Así es, por una más de las reprochables y lesivas decisiones que con gran ligereza se toman en la Suprema Corte, Pemex, CFE y otros generadores de deuda pública endeudaron al país, sin cumplir con las normas aplicables, desdeñando el duro aprendizaje sufrido en el último tercio del siglo XX.

Al otorgársele al gobierno la capacidad de definir caprichosamente qué debe computarse como deuda y qué no, se abrió la caja de pandora, haciéndonos a todos víctimas de aventureros que se hacen pasar por funcionarios. Por supuesto, el malabarismo contable que se ordena desde los consejos de administración de las empresas improductivas del reinado no pasa la prueba de la risa, aunque hasta ahora, increíblemente, le han pasado la bola rápida a la SEC.

La deuda pública ahí está, aunque la SCJN la haya puesto debajo del tapete. El problema es que un porcentaje relevante de ella no cumple con el más básico de los mandatos contenidos en la Constitución, no se destinó a inversión productiva, en tanto que los bribones que la contrataron no identificaron, ni saben de qué fuente ella se cubrirá.

Impreparación e improvisación sobran, lo que falta es dinero.

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