El segundo atraco

El primero indignó, sin embargo, fue operado y concretado por la horda bárbara que nos gobierna. La desaparición de decenas de fideicomisos creados en provecho de los mexicanos se llevó al cabo, ante la consabida insensibilidad de los ministros de la SCJN. No sólo ello, se ejecutó con la abierta complicidad del verdadero verdugo del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar. Ahora, la hoz ha llegado a las puertas del oscuro palacio en el que reside el alto tribunal.

La delgada piel de los integrantes del pleno de la SCJN ahora sí acusa recibo, éstos se indignan ante el inaceptable atropello. Poniendo en riesgo la neutralidad y objetividad que demanda el analizar un asunto que será sometido a su jurisdicción, se han pronunciado, anticipando el fallo, el cual, debe ser producto de un profundo y serio análisis.

Debe decirse como lo es, el extinguir fideicomisos para apoderarse del patrimonio afecto a un fin acorde a los intereses del aportante, es robar, es hacerse de lo que pertenece a otros pasando por encima de un básico principio de convivencia social, el respeto a la ley. Los fideicomisos se basan en el concepto “fiducia”, el cual, libremente podemos traducir del latín como “confianza”. Lo que pisotea la autoridad es la legítima voluntad de quien ha destinado recursos para la realización de un fin lícito, anulando la encomienda hecha a quien, por sus cualidades, se estima confiable custodio.

La atrabiliaria extinción hace años fue motivo de dolencia de la sociedad civil, y no había ni hay razón, para que se extinguieran los invaluables instrumentos financieros que, en distintos sectores de la actividad cultural, económica y social, canalizaban importantes sumas a actividades afines al interés comunitario. Se presentaron demandas y reclamos, pero los togados voltearon hacía otro lado, dejaron que en los sótanos del sistema judicial se diluyeran los reclamos. Inexplicablemente, no se pensó en atraer al pleno un asunto de tal relevancia y trascendencia, así es, no se impidió que el gobierno nos pasara encima.

Ahora, claro, es diferente, se toca lo intocable. El silencio es abstención, sí, omisión imperdonable, se guardó cuando los activos pertenecían a la comunidad. Ahora, se dice que el silencio no es omisión. Pero se dice, con todas sus letras, que la extinción de los fideicomisos judiciales no pasará, dado que se afecta a terceros, quienes resultan ser legítimos derechohabientes, a los que no se debe privar de lo que es suyo. Esta vez no se trata de meras expectativas, sino de actuales y presentes derechos.

Este sexenio se han aprobado absurdas y aberrantes reformas constitucionales, con el cómplice silencio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La única cuestionada, es aquella que limita los sueldos que están por encima de aquel que, sin justificación alguna, cobra el residente de Palacio. Miles y miles de servidores públicos han gozado de la protección judicial, misma que ha hecho nugatoria la arbitraria reforma constitucional, esto, gracias a que la burocracia fue metida al mismo saco en que se colocó a los impartidores de justicia.

Es cierto que el reclamo debe ser tramitado con celeridad y eficiencia, decretando oportunamente la suspensión definitiva del atraco. Se debe impedir que se dilapiden, en caprichos y dádivas electoreras, los recursos destinados a cubrir prestaciones de orden laboral en el Poder Judicial, dejando claro que, si la SHCP dispone de esas cantidades, estaría incurriendo en peculado. La extinción es confiscatoria, no debe pasar, como tampoco debió guardarse silencio en el primer atraco.

Por ello, es tiempo de decir que la justicia dispareja y selectiva, marca y mancha a quien, debiendo usar las potestades constitucionales en favor de todos, lo hace sólo cuando el abuso le alcanza.