El desamparo

Fue piedra de toque constructiva de la República, eje del constitucionalismo mexicano. Hoy, aunque pretenden adornar la infausta iniciativa con un talante progresista, es claro que la pretensión es introducir, a garrotazos, una lesiva y extrema subjetividad en la Ley de Amparo, sí, proponen heterodoxas directivas o criterios de aplicación, con los cuales pudieran engañar al poco avezado en la materia, pero, para quienes tenemos décadas dedicados a litigar, es claro que el fardo de “orientaciones” no son sino artilugios engarzados para justificar excusas que, en la práctica, vulnerarán todas y cada una las medidas tutelares y protectoras de los derechos fundamentales.

El truco barato que presenta Zaldívar no pasa la prueba de la risa, y sólo refrenda el asesinato de la institución jurídica. Pone de manifiesto que requiere de dotar a jueces, magistrados y ministros de una ilimitada capacidad de resolver, a partir de “orientación superior”, ello, caso por caso. Los márgenes de discrecionalidad que brinda la iniciativa a los juzgadores claramente avasallan la objetividad, dejando cada sentencia en manos de quien maneja los hilos de la estructura judicial, o sea, él y sus secuaces.

Han perdido el recato, pasaron a un esquema en el que toda decisión quedará atrapada en un amplísimo margen de subjetividad, y ésta se decantará en favor de quien tenga comprado al equipo justiciero de la guinda divisa.

Al parecer, el otrora presidente de la SCJN, quien llegara a la posición gracias a votos comprados con presiones y amagos, no se ha dado cuenta de que el movimiento al que se adhirió vive una crisis, severa y profunda, precisamente, por no advertir que el vecino no admitirá jugarretas autoritarias que pongan en riesgo los intereses estadunidenses. Él y sus ujieres han hecho pensar a la señora Presidenta que el modelo que le han vendido permite atender las quejas y reclamaciones de los poderosos, al tiempo de repartirse el botín, administrando justicia traficada en lo oscurito.

Sí, la idea es decirles a los factores reales de poder, nacionales y del extranjero, que tienen el absoluto control de las decisiones, al contar ahora el trabuco justiciero con un farragoso y arreglado mecanismo en el que todo es posible. Los dados están ya cargados y la ruleta arrojará el número que se le pida.

Siempre habrá forma de decir que no, o que sí, los impartidores de justicia sólo tienen que acudir al recetario de improcedencias y descalificaciones para ni siquiera admitir demandas, solicitudes de suspensión e, incluso, recusaciones. El manual provee salidas para irse a la izquierda o a la derecha, al gusto del politburó. El amparo ha sido desprovisto de toda seriedad y confiabilidad, lo que plantea la iniciativa es un ramplón mecanismo de manoseo de los reclamos, en el que el objetivo no es la justicia, sino el aparentar la existencia de un Poder Judicial federal y simular que se cumple con el compromiso internacional de dar a los ciudadanos un recurso eficaz y efectivo contra los abusos gubernamentales.

Pero sucede que a Trump no le convence que le vendan la solución de un problema que no debería de existir, sí, la idea de un Poder Judicial amañado y sesgado desde la ley, y bajo los auspicios de un grupúsculo de autonombrados iluminados, no es aceptable. La pandilla de supersabios que aspira a mangonear las sentencias podrá hacer del huachicol judicial un gran negocio, pero, al revisar el T-MEC, habrá en la mesa un capítulo tendiente a proteger la imparcialidad de los juzgados, sí, uno que exija condiciones propias de un Estado de derecho. Apúrense a robar, porque la idea es tan mala que no llegará lejos.