Diputación infractora

La seriedad y solidez técnica no son notas que suelan describir a quienes, por ser populares, alcanzan una diputación, pero es hasta ahora cuando el cinismo se ha hecho más que presente. El Poder Legislativo ha estado sometido desde que empezó la administración. Se han aprobado leyes contrarias a la Carta Fundamental, incluso, se han reformado preceptos constitucionales violentando tratados y convenios internacionales, a modo de crear un estado de terror, como aquel que, asido de la canalla, impuso Robespierre.

El plan se trazó perversamente, comenzó con el recrudecimiento de la prisión preventiva y la implantación de tipos penales no abiertos, sino claramente discrecionales, que dieron ocasión a inefables cruzadas de acoso cuando el sexenio inició, sin que la Corte hubiera hecho un profundo estudio de las figuras planteadas por la presente administración, ella, tomó la fácil ruta de hacer sólo observaciones de orden formal, con las que le taparon el ojo al macho.

Eso sucedió hasta que el desmedido Poder Ejecutivo decidió emprenderla en contra de quienes integran el santo cenáculo conocido como “pleno”. En ese momento, como medida de elemental conservación, decidieron elegir una presidencia insumisa. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho, la sobrerrepresentación cambió la faz de México, poniendo a los factores reales del poder a marchar derechitos, bajo las órdenes de un superpoder imprevisto en nuestra Constitución.

El orden constitucional está suspendido, incluso, las instituciones previstas en la ley de leyes se han visto amenazadas bajo el amago de ser condenadas a la inoperancia, bien por falta de recursos o de miembros que integren sus órganos de gobierno.

Personajes que carecen de la más elemental preparación en los ramos que despachan esas instituciones, son propuestos ad nauseam, hasta que las presiones a los legisladores surten el efecto deseado y se arranca la anhelada aprobación. Incluso, hemos decidido callar ante la designación espuria de una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los cuales son objeto de diaria mofa en el país.

Qué fácil es sonreír y dar entrevistas, cuando se pertenece a la Legislatura que ha pisoteado y atropellado el pacto constituyente, como ninguna otra en la historia, desparpajadamente se han hecho nugatorios los principios y límites ahí previstos. En materia presupuestal se reasignan montos en cantidades absurdas y se pagan caprichos que, ni remotamente, fueron previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sí, desde planes y programas que son producto de la matinal ocurrencia, hasta innombrables rescates contrarios a la ley, como el de Petróleos Mexicanos, cuya deuda se está respaldando por el gobierno federal en contra de la letra y espíritu del ordenamiento que le rige. La fiscalización del presupuesto simple y sencillamente se ha puesto en pausa, anulando vergonzosamente a la Auditoría Superior de la Federación, que ha sido convertida en desastrado escritorio contable, de esos que arreglan libros en alguna plazoleta del centro de la capital.

Sin embargo, tras la borrachera de la compra de voluntades, llegó la cruda financiera, y se propone un monto de endeudamiento público que comprende conceptos, obras y servicios que son inaceptables e inadmisibles a la luz de las limitaciones y restricciones previstas en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución que nos rige.

Así es, se trata de operaciones de deuda que no cuentan con una clara y precisa fuente de pago, incluyendo el pago de pasivos que constituyen gasto corriente o pasivo que proviene de obras y servicios que, ni remotamente, constituyen fuente de repago del pasivo asumido. La deuda pública que hoy se propone es inconstitucional.