Calderón, ¿expatriado o prófugo?

Las recientes revelaciones en torno al desorden generalizado que priva hacia el interior de la fiscalía capitalina, en la que se giran órdenes o requerimientos con base en información apócrifa, pero con notoria apariencia de autenticidad, han develado la posibilidad de que, desde ese enclave capturado por el oficialismo, no sólo se hayan armado expedientes a posibles candidatos, sino también a personajes vinculados a Acción Nacional, destacando entre ellos al archienemigo del Presidente, Felipe Calderón.

Resulta que las dramáticas presentaciones del vocero de esa autoridad dejan claro que es capaz de hilvanar un discurso en el que cada frase puede ser rápidamente cuestionada con documentos que dicen exactamente lo contrario. Nada se ha aclarado ni se aclarará, ya que la indagatoria queda en manos del indagado.

Ellos dicen que tales instrumentos son falsos, que no proceden de la autoridad, a sabiendas de que las periciales que al efecto se practicaran estarían siempre bajo su control, y que, aun si fueran realizadas por expertos reconocidos, pero, sobre todo, independientes, éstos no tendrían acceso a los instrumentos comparativos y demás elementos imprescindibles para emitir dictamen. De forma que tales falsedades penden de lo que la autoridad diga.

Habrá que aceptar que quienes cuestionaron y objetaron la existencia de excepciones a la intervención judicial para la aprobación de escuchas, así como para la obtención de información que involucra la vida privada, tuvieron razón. No respecto a la necesidad de caminos privilegiados para obtener datos que conduzcan a la captura de secuestradores u otros agentes nocivos, sino en cuanto a que los mecanismos de seguridad que deben emplearse, en esos casos, requieren ser igualmente extraordinarios, debiendo obsequiarse la solicitud sólo mediando la firma del titular de la Fiscalía, y ello, con el uso de medios de comprobación objetivos, como lo son las firmas electrónicas.

Claro, es bien sabido que en la tramitación judicial los titulares de oficinas gubernamentales siempre están ausentes, ya que así libran responsabilidad proveniente de pifias, errores y hasta de excesos incurridos en agravio de la ley. El Poder Judicial de la Federación fue completamente laxo en el manejo de la firma por ausencia, llevándonos a casos absurdos en los que los funcionarios de nivel alto o medio jamás firman nada, aunque el día de su supuesta ausencia aparezcan haciendo declaraciones públicas o llamando a conferencias de prensa. Siendo así, el auxiliar, del auxiliar del encargado, es quien suele firmar, por ausencia, las más graves determinaciones en ejercicio de funciones públicas.

Pues es el caso que, mientras todos miraban hacía la FGR, esperando que los continuos ataques del cacique se materializaran en una carpeta de investigación, ante la resistencia de Gertz, fueron los de casa los que armaron un expediente y recabaron diversa información de toda índole relacionada con Calderón, particularmente financiera, para tener lista una espectacular carta a ser jugada en el proceso electoral. Como era de esperarse, la autoridad capitalina lo niega, como suele suceder con todo cuestionamiento incomodo.

Al efecto, lo que resulta revelador es la conducta del expresidente, quien, con su intempestiva salida y poco creíble fuente de ingresos de manutención en el exterior, ha tendido una suerte de confirmación, manteniendo en la mayor secrecía las acciones de aquel que no gusta de la venganza, cuando es lo que mejor le sale.

La pregunta obligada es, ¿quién nos protegerá de quien, por ley, debe protegernos?