Acreditada solvencia

Los gobiernos, particularmente los latinoamericanos, viven de una ficción legal. Con apoyo en la formal acreditada solvencia, financian el gasto público. México ha recibido duras lecciones cada vez que apalanca el gasto corriente. Los funcionarios morenistas asumen que la deuda pública no debe pagarse, sino sólo servirse, esto es, refinanciarse indefinidamente. Tal mecánica parecía una solución al alcance, pero Sheinbaum aprenderá que no es así. Tendría que contar con un respaldo que hiciera girar la rueda del financiamiento.

Hoy, la residenta de Palacio se quedó sin margen de maniobra. Carece de activos que ofrecer, no cuenta con programas rentables, ya sólo le queda la capacidad de crear tributos. Siguió el torpe consejo de no impulsar una reforma fiscal a su llegada, ahora, tendrá que hacerla en la antesala de la elección intermedia, lo cual, muy probablemente, le arriende el mismo resultado que a Zedillo, perder su dorada mayoría.

El vecino del norte no sólo no le proporcionará alivio financiero, sino que, seguramente, le venderá muy cara la posibilidad de mantener a Pemex y CFE obteniendo recursos en sus mercados. Ello, claro, si no decide ejecutar garantías impulsando una “privatización por remate”, es decir, desincorporar activos nacionales para que, mediante subasta, los acreedores hagan lo posible por recuperar lo prestado. Sí, una quiebra, que no se llamará quiebra, pero que operará como tal.

Será ahora, cuando quienes se encuentran en el poder aprendan cómo funciona un fideicomiso de garantía, el cual no podrán agandallarse, ni aun modificando las leyes o la Constitución. El opaco escondite del guardadito petrolero está regido por la ley de Delaware, por lo que la toma forzada del Máster Trust no tendrá que ser validada por los sumisos tribunales que se inventó Morena. En efecto, vamos requetebién y derechito al despeñadero financiero.

Peor aún, la autoridad bursátil estadunidense tiene todos los elementos para acusar un fraude contable, así como la mala fe del tomador del financiamiento, reprobando, así, su calidad crediticia, por lo que las risibles disposiciones que pregonan que las dependencias y entidades públicas gozan de acreditada solvencia serán letra muerta. El FMI, el Banco Mundial y cuanto organismo financiero existe estarán impedidos de apoyar a un miembro que carece de un efectivo Estado de derecho. Habrase visto que, como la más pueblerina autoridad, tendrán que empeñar el equivalente a las participaciones, esto es, parte de la renta fiscal.

Proveedores y contratistas de las empresas improductivas del Estado ya saben que esa ficción sólo sirve para evitar los embargos, y que nada vale a la hora de presentar facturas. Sí, ésas que no se admiten para mantener el nivel de endeudamiento sin aumento, escondiendo debajo del tapete un saldo igual o mayor al declarado.

Funcionarios y empleados federales comenzarán a abandonar el barco, ya que, con el falaz epíteto, no podrán mantener a sus familias, y sólo, los que ya están embarrados en algún tejemaneje permanecerán ostentando el encargo. Tan bien que íbamos, dirá la Presidenta, cuando los mexicanos tengamos que admitir que la base monetaria no tiene más respaldo que una hueca narrativa. Dirá entonces, a imprimir billetes. La inflación tocará las nubes.

Sheinbaum pedirá al PG; a su familia, así como a su infausto gabinete, que vuelvan, pero lo que se llevaron. Por lo pronto, Bartlett ya pasó a dejar un abonito, como también lo harán todos aquellos que quieran gozar de la no extradición. Ésta se venderá pronto como las indulgencias medievales. El territorio nacional así será para ellos jaula de oro.