El internet para algunos

Resulta paradójico que en una administración que lucha en contra de la corrupción y del tráfico de influencias siga permitiendo que un grupo se enriquezca a costillas de contratos otorgados en el sexenio de Peña. Le cuento otra triste historia, de ésas que se repiten una y otra vez en nuestro país. La historia viene desde el hoy investigado Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio anterior.  Resulta ser que le fue asignado al zacatecano José Aguirre y a su empresa StarGo, el proyecto de conectividad satelital denominado México Conectado, pero da la casualidad que la fichita de Ruiz Esparza es socio del mencionado empresario en diversos proyectos carreteros al norte del país.

En el caso de StarGo y el otorgamiento de este ambicioso proyecto y monumental fraude a la nación se orquestó de la siguiente forma: al ser Telecomunicaciones de México un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, de conformidad con la lista que publica la Secretaría de Hacienda, por mandato del artículo 12 de la Ley Federal de las entidades paraestatales y que fue incluido en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de agosto del 2019, la SCT puede otorgarle discrecionalmente a Telecomm Telégrafos proyectos de conectividad y telecomunicaciones.

Al más puro estilo de la anterior administración, los alegres compadres Ruiz Esparza y Aguirre se inventaron una figura de intermediario en el servicio para poder meter a la empresa StarGo sin mediar licitación. Así, la empresa del zacatecano se hizo del proyecto 12k, que es derivado del proyecto E-México y 11k, los cuales nacen desde el 2000 cuando se instruyó por parte de Fox al secretario del ramo, Pedro Cerisola, para que la revolución de la información y las comunicaciones tuviera un carácter nacional y se redujera la brecha digital en todo el país, hasta alcanzar a las comunidades con mayor índice de marginación. Esa directriz no incluía que se enriqueciera una empresa, su dueño, ni a Ruiz Esparza, prestando un servicio deficiente y torciendo la ley, como lo hicieron para que StarGo fuera el ganón del proyecto.

Para justificar el entramado anterior, les bastó a este par de pillos la realización de un estudio de mercado. Pero eso no es todo, en julio del 2018, se venció el contrato del 10K, que es el servicio de internet proporcionado a escuelas rurales y consultorios médicos de zonas vulnerables. En ese entonces estaba como responsable de la CSIC (Coordinación de la Sociedad de la Información) Javier Lizárraga quien, por cierto en su momento, fue responsable del programa TDT, referido a la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que entregó entre 2014 y 2016, 10. 2 millones de televisores digitales en hogares de escasos recursos que definió la entonces Sedesol y que estuvo plagado de irregularidades y fraudes utilizando a quienes menos tienen.

Dicho funcionario fue el artífice de los famosos estudios de mercado, que no eran más que un engaño para justificar la asignación de contratos de conectividad a las empresas StarGo del mencionado José Aguirre, Ubix socio de Visat, Eleara de Jorge Villarreal y Ai Telecom de Orlando Castillo.

Quien ha tratado de enderezar este entuerto de corrupción es la subsecretaria Salma Jalife, al no firmar la renovación del contrato entre la SCT y Telecomunicaciones de México por las irregularidades de origen del proyecto. Pero en contra de los buenos propósitos de la subsecretaria y en contubernio entre el anterior director general, Jorge Juraidini, y el director técnico de la actual administración de Telecomm, Mauricio Ávila, él, de manera unilateral, decidió firmar el contrato para seguir beneficiándose.

Sin lugar a dudas el principal operador de Aguirre en el organismo descentralizado es Ávila, sobre quien pesan acusaciones de favorecer y seguir las instrucciones del empresario dueño de StarGo. Resulta increíble que al día de hoy, las empresas que entraron a prestar estos servicios de forma ilegal y fraudulenta sigan activas, dando un servicio deficiente y cobrando del erario público. En este momento en donde se encuentra el nuevo gobierno investigando los negocios y el cinismo de Gerardo Ruiz debería cesar de inmediato la relación contractual con StarGo, Ubix, Eleara y Ai Telecom, y proceder a investigarlas. De nada sirve una cruzada decidida en contra de la corrupción, si los anteriores afines al secretario de los socavones, siguen beneficiándose de las operaciones irregulares que celebraron al amparo de un funcionario cuestionado. Y sin duda, cabe recalcar, que el servicio que prestan es el principio de una verdadera igualdad entre todos los mexicanos, que sin el acceso a las redes se encuentran muy atrás en progreso y educación.