La erosión democrática de una nación no se presenta de manera súbita. Todo lo contrario, la construcción de una autocracia se va dando de manera gradual, gota a gota. Sin embargo, el “tufo” de la putrefacción política es un elemento progresivo y constante.
La frase “tufo autoritario” se aplica para describir indicios, actitudes o discursos que desprenden un aire dictatorial. Esos “olores” presagian siempre la pretensión de controlar a la ciudadanía y obstaculizar la existencia de la crítica.
Cuba, Venezuela y Nicaragua encabezan la lista de horror del espíritu autoritario: se imponen decisiones unilaterales. Se sataniza a periodistas, activistas u oponentes. Se toman decisiones que limitan libertades fundamentales, como el derecho a la información o a la protesta.
Aunque estos proyectos políticos rara vez se presentan desde el origen como autoritarios, con frecuencia se camuflajean como “protectores” de derechos colectivos. Se “habla” a nombre del “pueblo”. Se defiende a “las audiencias”. Se tutelan los derechos de “los que menos tienen”.
Así, un inconfundible “tufo autoritario” está impregnado en la discusión pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta pretensión gubernamental contiene enormes riesgos de una regresión democrática y peligros inminentes a la libertad de expresión.
La Cámara de la Industria de la Radio y TV (CIRT) ha sido contundente. Los lineamientos son ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por parte del gobierno al permitirle definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando con ello la pretendida autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad.
Como lo señaló Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y recién nombrado relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, con la bandera de defender a las audiencias, el gobierno de México busca erigirse en una suerte de “tribunal de la verdad” para decidir, según sus propios intereses, qué información es veraz y objetiva. La Ley de Telecomunicaciones sólo ordena a los concesionarios crear la figura del defensor de las audiencias y un código de ética. Sin embargo, estos lineamientos introducen un procedimiento no previsto en la ley: cualquier persona que sienta que no recibe información veraz u objetiva puede quejarse ante el defensor y, si se inconforma, acudir a una instancia superior: la CRT. Esta instancia se transforma en una suerte de tribunal de la verdad que verifica noticias y tiene la capacidad de castigar.
Es de esperarse que los propios dueños de los medios opten por alinearse antes que sufrir el rigor de un castigo. Nadie querrá pagar una multa que puede ir del 0.1 al 1 por ciento de sus ingresos anuales acumulables. Esto genera una censura indirecta: la sola vigencia del reglamento bastará para que las líneas editoriales se suavicen.
BALANCE
Ante los peligros que acechan a la democracia mexicana con la emisión de estos lineamientos habría que buscar otras soluciones. Como señala Maldonado, la mayoría de los sistemas democráticos apuestan por la autorregulación en radio y televisión, en lugar de constituir comisiones ad hoc que buscan “tutelar” los derechos de las audiencias.
Los medios tradicionales cuentan con la posibilidad de autorregularse o con asociaciones que realizan revisiones éticas de casos específicos, como en Inglaterra; es decir, una supervisión horizontal entre iguales, no el gobierno metiéndose en los contenidos. Hay formas mucho menos intrusivas pero, desafortunadamente, el “tufo autoritario”de los lineamientos ya se ha apoderado de esta discusión pública.