Una reforma electoral legítima

Toda legislación electoral es perfectible. Las leyes, como producto humano, deben evolucionar para servir a la sociedad y garantizar, por encima de todo, el objetivo fundamental: preservar nuestro modelo democrático, para potenciar nuestro desarrollo económico y social.

Lo que no es deseable es que la fuerza mayoritaria en turno, pretenda reformar las reglas de juego para aniquilar a sus adversarios, eliminar condiciones de equidad o, peor aún, para pretender eternizarse construyendo subterfugios o cartas debajo de la mesa.

La historia de las reformas electorales en México siempre han estado precedidas de una gran concentración de poder. Desde 1977, el régimen en turno, a pesar de contar con mayorías legislativas holgadas o de gobernar casi la totalidad del territorio, reiteradamente ha buscado espacios de legitimidad democrática para aglutinar apoyos, generar consensos o, incluso, para tranquilizar a los inversionistas internacionales.

Salvo momentos muy breves de nuestra historia, el ejercicio autoritario del poder ha sido siempre una pulsación presente en la manera de gobernar. Como una maldición, el gobernante busca ampliar sus espacios de libertad tratando de capturar a sus pares del Poder Legislativo o Judicial.

En este momento, el régimen cuenta con una mayoría aplastante. Junto con sus aliados de ocasión, ha logrado imponer su agenda como una aplanadora. En este trance, salvo algunas voces críticas, la mayoría de la población ha sido un  testigo complaciente de la modificación radical impulsada por Morena.

Con un sabor muy setentero, la 4T ha anulado todas las reformas liberales  que se erigieron desde 1988 hasta 2018. De la mano del caudillo y con la complacencia de los factores de poder, tres décadas de modernización del país han sido demolidas para edificar un modelo diametralmente opuesto.

Si abrevamos en la experiencia reciente en materia internacional encontraremos que las tres dictaduras del continente han seguido un camino semejante: tratar de desaparecer a la oposición por la vía de la captura de los órganos electorales, tanto judiciales como administrativos.

El camino de las autocracias en Cuba, Nicaragua y Venezuela ha sido idéntico. Las autoridades electorales son controladas desde el poder ejecutivo a través de procesos cerrados de selección en la designación de magistrados y consejeros.

El caso más reciente es el del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado totalmente desde Miraflores, contando con la protección de las Cortes judiciales correspondientes. En 2024, con la complicidad completa de la autoridad administrativa, Maduro se robó la elección ante los ojos indignados de casi toda la comunidad internacional.

BALANCE

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que la propuesta de reforma electoral que presentará, en unas semanas, no pretende restar autonomía al INE ni desaparecer a la oposición. La titular del Ejecutivo aseguró que su pretensión busca fortalecer la democracia y que no representa un viraje hacia el autoritarismo.

Como demócrata, sinceramente espero que los dichos presidenciales sean sinceros. El gobierno y sus rémoras pueden tener los votos necesarios para arrollar a la oposición e imponer, sin más, su modelo electoral. Sin embargo, si este ejercicio no pasa por el consenso de todas las fuerzas políticas, el costo real para nuestra democracia será devastador.

México se encuentra en un momento peligroso y delicado. Estamos en medio de una complicada revisión comercial que nos exige actuar con astucia y sagacidad. Estados Unidos, en lo particular, y el mundo en general, nos están observando con especial atención. Ojalá los que detentan el poder lo entiendan. Se requiere una reforma electoral legitima, no solamente legal.