Presos políticos

Uno de los pilares fundamentales de la democracia es el respeto al pluralismo, que garantiza la presencia de voces diversas, capaces de expresar el derecho al disenso y la oposición política.

La existencia de presos políticos denota una regresión política imperdonable. Como lo advierte el secretario de la OEA, Luis Almagro: “El mayor peligro para la democracia de la región es la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario”.

En Venezuela, Nicaragua y Cuba existen cientos de presos políticos. Estos regímenes se caracterizan por la carencia de pluralismo político, instituciones capturadas, carencia de elecciones libres, violación permanente de las libertades, ausencia de libertad de expresión, represión política y ausencia de independencia judicial.

Los gobiernos autoritarios, a través del encarcelamiento de sus adversarios y opositores, buscan ocultar las voces críticas. Como lo señala el penalista europeo Dirk Van Zyl Smit: “Numerosos presos políticos han sufrido tratamientos terriblemente rigurosos simplemente porque un Estado decide utilizar su sistema carcelario para quebrar moralmente a los que le resisten”.

La tendencia es preocupante. En Venezuela, en 2022, existen más de 244 presos políticos, según el Foro Penal de dicho país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da cuenta de que existen actos de criminalización, detenciones arbitrarias e, incluso, la afectación de derechos a la vida e integridad personal.

Los presos políticos venezolanos sufren de actos de hostigamiento, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos a políticos disidentes, inhabilitación política, allanamientos irregulares a la propiedad privada y aquiescencia frente a actos violentos en contra miembros de la oposición y, en general, de quienes expresan su disenso.

Según el observatorio Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen más de 190 presos políticos, siendo en su mayoría personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos, estudiantiles, religiosos y periodistas, quienes han manifestado su oposición al régimen Ortega-Murillo. La CIDH ha señalado que las defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de constante riesgo, debido a las represalias mediante la utilización del sistema penal en su contra.

Con relación a Cuba, producto de las movilizaciones populares de 2021, según datos de las ONG: Cuba Lex y Justicia 11, la cifra de detenidos políticos llegó a ser de más de 1,484 personas, detenidas y juzgadas a través de la vía administrativa y los procesos penales sumarios y ordinarios, imponiéndoles multas onerosas y penas privativas de libertad desproporcionadas. Según el Comité contra la Tortura de la ONU, los detenidos han sido sometidos a diversos tipos de tortura, tratos inhumanos y degradantes.

Los presos políticos, en estos países latinoamericanos, han sido privados de su libertad bajo el discurso de preservación del orden público, siendo juzgados bajo los mandatos de leyes de emergencia, excepción o marciales, atribuyéndoles la comisión de delitos comunes, contrarios al orden público, otorgándoles incluso la calidad de “terroristas” para desprestigiar sus luchas sociales y políticas.

BALANCE

El encarcelamiento de opositores rompe el tejido social, acrecienta y ensancha las diferencias, polariza y radicaliza las posiciones políticas, obstaculizando la existencia de acuerdos mínimos que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

La existencia de presos políticos es una afrenta intolerable para la democracia de nuestro continente. Ignorar o tolerar este tipo de prácticas autoritarias es una infamia que no tiene espacio en este momento de nuestra historia. Las dictaduras no son compatibles con los valores y principios de la Carta Democrática Interamericana. Denunciar estas violaciones es un deber democrático al que no podemos abdicar.

 *Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA