El sector privado y la democracia

Desde la dramática erupción de covid-19 hace cinco años, el mundo se encuentra inmerso en un entorno volátil e incierto que se caracteriza por una creciente desigualdad social, conflictos armados sin solución inmediata y una tensión generalizada ante los efectos de nuevas reglas y condiciones en el comercio global.

Para nuestra región, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en su artículo 11, señala que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Los empresarios requieren de buenos gobiernos y el sector público necesita de un sector privado que respete y promueva los valores de la democracia.

Una democracia sustentable se construye con reglas claras que se apliquen sin distingos o favoritismos. La eficacia del gobierno depende de la construcción de confianza social y de la cooperación de las fuerzas productivas.

Únicamente los regímenes democráticos pueden garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; que son derechos humanos que permiten a las personas vivir con dignidad y libertad. 

El sector privado es un pilar fundamental para impulsar el desarrollo y sus inversiones son esenciales para superar el difícil escenario regional caracterizado por la presencia de tres grandes elementos: bajo crecimiento económico, alta desigualdad social y baja capacidad institucional de gobernanza. 

La democracia se erosiona cuando se ensanchan las brechas y las desigualdades económicas y sociales. La desigualdad facilita el ascenso de regímenes autoritarios que colapsan los sistemas democráticos, estancando el desarrollo y limitando las libertades fundamentales. 

Con democracias débiles e instituciones frágiles, el sector privado carece de certeza y confianza para el desarrollo de sus labores, enfrentándose a un escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica para sus actividades. Todos perdemos cuando la democracia se destruye.

Los acuerdos sociales y económicos deben tener su base en amplios debates y consensos, que permitan crear un clima favorable para las inversiones y los negocios; esto sólo puede hacerse dentro de condiciones democráticas que respeten la libertad de empresa y la libertad de competencia, sin chantajes ni reglas opacas.   

Como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha señalado, la participación del sector empresarial es indispensable para lograr un hemisferio más desarrollado, más democrático y cada vez más libre de pobreza y desigualdad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la eficacia de las instituciones y la solidez de las políticas en democracia son conocidos catalizadores del desarrollo. La historia no se equivoca, la falta de crecimiento, en forma de estancamiento económico, desigualdades persistentes o pobreza extrema, minan la fe en los sistemas democráticos, incluso en países y regiones en los que se consideraban bien consolidados.

BALANCE

El fortalecimiento de la democracia y el impulso del desarrollo son una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Ambos se necesitan para articular capacidades, recursos, experiencias y potencialidades.

El multilateralismo y la cooperación juegan un rol fundamental para lograr una región más próspera. La defensa de la democracia, tradicionalmente otorgada a los gobiernos y ciudadanos, también es responsabilidad del sector empresarial. Ante la erosión constante de nuestras democracias, es importante recordar que las dictaduras solo traen pobreza y calamidades. Apostemos siempre por la democracia.

* Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA