El poder del dinero

El financiamiento de las campañas políticas es un tema central en el funcionamiento de la democracia. La regulación efectiva del dinero en las elecciones es un gran desafío para los organismos electorales, que suscita intensos debates en Congresos y parlamentos a nivel mundial. 

Mientras en América Latina la corrupción y la falta de transparencia en el financiamiento de campañas han sido problemas recurrentes, los mecanismos de control sobre el gasto en elecciones en Estados Unidos se enfrentan también a una serie de desafíos legales y constitucionales después de decisiones judiciales que han permitido un flujo sin precedentes de dinero en la política.

Una de esas decisiones está contenida en el caso de Citizens United contra la Comisión Federal Electoral (FEC) en 2010, en la que la Corte Suprema dictaminó que la FEC había excedido su mandato y limitado el “gasto político independiente” de corporaciones y otros grupos, y esto constituía, en opinión de la Corte, una violación del derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Esta resolución permitió que se gastaran cantidades ilimitadas en publicidad política, siempre que estas actividades no estuvieran coordinadas directamente con las campañas. Como resultado, hemos visto el surgimiento de Super PACs (Comités de Acción Política), que pueden recaudar y gastar cantidades de dinero nunca antes vistas.

Las elecciones de 2024 fueron las más costosas en la historia de Estados Unidos, con un gasto total estimado de cerca de 16 mil millones de dólares; alrededor de 10 mil millones de dólares en las elecciones al Congreso y otros 5 mil 500 millones en las carreras presidenciales.

Según datos compilados por la empresa de seguimiento de anuncios AdImpact y analizados por la Radio Pública Nacional (NPR), para 2024 se gastaron 10 mil 500 millones de dólares en anuncios de campaña, desde presidente hasta comisionado de condado, lo que significa mil millones de dólares más que en 2020.

De acuerdo con esta información, 23 estados gastaron más de 100 millones de dólares, pero sólo en Pensilvania los gastos llegaron a 1,200 millones en anuncios publicitarios, siendo la primera vez en la historia que un solo estado registra más de mil millones de dólares en anuncios.

En América Latina el panorama también es preocupante. En los últimos años, varios países han sido golpeados por escándalos de corrupción relacionados con el financiamiento de campañas y, a pesar de que ha habido avances en términos de regulación, los ciudadanos a menudo sienten que sus votos no cuentan, y que el dinero parece tener más peso que la voz popular. La política, en general, sigue siendo un espacio en donde aquellos con más recursos tienen ventajas más significativas.

Tener campañas políticas menos costosas y más reguladas no significa que exista menos libertad de expresión; por el contrario, significa que es necesario encontrar la manera de equilibrar el respeto por la libertad de expresión individual con prácticas democráticas que buscan prevenir la influencia indebida del dinero en la política.

BALANCE

Es fundamental iniciar un debate serio sobre reformas al financiamiento de campañas políticas. Por un lado, son necesarias regulaciones que limiten el financiamiento de grandes donantes y corporaciones, y, por otro, es importante encontrar métodos de financiamiento que amplíen la participación del ciudadano común.

Sin reformas estructurales, se corre el riesgo de perpetuar sistemas en los que el dinero pueda comprar influencia, y donde la opinión y los intereses del ciudadano promedio queden relegados a un segundo plano.

*Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA.