Gracias a la generosidad de Leandro Querido tuve el honor de ser designado jefe de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral en Colombia, organismo de la sociedad civil que desplegó a un grupo de expertos y observadores de distintos países para acompañar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.
En medio de un contexto envenenado por una polarización política tóxica y corrosiva, el pueblo colombiano se volcó a las urnas para elegir entre las fórmulas integradas por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, por el movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda y Aída Quilcué, por el Pacto Histórico.
La jornada electoral transcurrió en normalidad en un ambiente de paz. Las autoridades electorales hicieron diligentemente su labor. De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Registro Civil, con 99,99% de mesas computadas, la derecha obtuvo el 49.66% de los votos, mientras que la izquierda alcanzaba 48.70 por ciento. La distancia fue de alrededor de los 250 mil votos, lo que representa 0.96% de diferencia.
Iván Cepeda, hombre cercano a Gustavo Petro, señaló que reconocía el preconteo como un dato que es aún no oficial ni vinculante y que procedería a la impugnación de 33,000 mesas de votación a través de sus representantes de partido.
La ley establece que, en la noche de las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace un registro rápido de los votos, de tal manera que haya resultados creíbles y confiables para efectos políticos. Esto contrasta con lo sucedido en Perú, donde la definición de los candidatos que pasaron a segunda vuelta tardó cuatro semanas por cuenta de los escrutinios detallados.
El escrutinio es la revisión oficial y formal de la votación. Inicia, por ley, el mismo día de los comicios, pero se extiende por días. La Registraduría lleva los paquetes electorales, debidamente custodiados, a comisiones escrutadoras compuestas por jueces, notarios y otros funcionarios. Esas comisiones revisan el trabajo hecho por los jurados y, ante ellas, las campañas tienen la posibilidad de presentar reclamaciones donde sus testigos electorales creen que hubo irregularidades. Los escrutadores las revisan una a una, validan o no lo que los jurados de cada mesa definieron e incluso abren bolsas de votos.
Para activar los cambios entre precinto y escrutinio, los testigos y abogados de las campañas deben impugnar cada resultado ante las comisiones escrutadoras. Esas impugnaciones no pueden basarse en cualquier argumento: la ley determina motivos precisos y momentos específicos para hacerlas. Se trata de un proceso altamente especializado, que puede tomar un tiempo variable y que depende de la cantidad de recursos, las argumentaciones jurídicas y los debates entre los jueces, notarios y registradores que integran las respectivas comisiones.
BALANCE
Triunfadores y derrotados harán los alegatos que correspondan. Las narrativas de fraude que no presenten evidencias concretas y pruebas sólidas sólo lastimarán la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Por ello, todos los actores deben actuar con responsabilidad democrática para generar un ambiente adecuado para concluir el proceso electoral en un entorno pacífico.
Colombia ha demostrado una vez más que es un nación con vocación democrática. Ahora, es crucial que todos las etapas previstas por la ley se cumplan hasta que pueda decretarse un resultado definitivo. Las Misiones de observación electoral hemos hecho un llamado a los actores políticos, institucionales y sociales a privilegiar el respeto por los procedimientos legales y a actuar con veracidad y responsabilidad. La gente ya habló. Ahora toca respetar la voluntad popular.