Apagones de internet: amenaza democrática

En un escenario político complejo en el que las tendencias autocráticas van en aumento, los cortes intencionales o “apagones” de internet se han convertido en una herramienta recurrente utilizada por gobiernos autoritarios para limitar los flujos de información y castigar a las opiniones disidentes. Este fenómeno afecta todos los aspectos de la vida, desde el trabajo y la educación hasta la atención médica y los servicios financieros.

Ante una mayor frecuencia de los cortes de internet intencionales, el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, publicó recientemente un estudio interesante al respecto. El documento destaca que el aumento en la frecuencia y el alcance de estos “apagones” genera una preocupante tendencia hacia el autoritarismo, donde se reprime el libre intercambio de información para mantener el control y destruir a la oposición.

Si bien el derecho internacional no ofrece una definición formal sobre “apagones” de internet, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los describe como “medidas adoptadas por un gobierno, o en nombre de un gobierno, para intencionalmente interrumpir el acceso y el uso de los sistemas de información y comunicación en línea”. Asimismo, RightsCon, la cumbre mundial sobre derechos humanos en la era digital, define los “apagones” como “interrupciones intencionales de internet o de las comunicaciones electrónicas, haciéndolas inaccesibles o efectivamente inutilizables, a menudo para ejercer control sobre el flujo de información”.

Estos “apagones” son cada vez más comunes durante situaciones de crisis política, disturbios sociales, elecciones y conflictos. Según Access Now, una organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos digitales de las personas y comunidades en riesgo, en 2023 se presentaron en el mundo 283 “apagones” de internet en 39 países.

En nuestra región, esta práctica es comúnmente utilizada por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Cuba, donde el régimen tiene el control sobre las conexiones a internet, los bloqueos y las intervenciones son comunes y más fáciles de implementar. En 2021, por ejemplo, la población enfrentó cortes intencionales de internet y electricidad como respuesta a las protestas que se llevaron a cabo ese año en la isla.

En ese sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE/CIDH) señala en su informe Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet que el “internet es una herramienta esencial para el almacenamiento y difusión de información, el intercambio de ideas, así como para la oferta de bienes y servicios públicos y privados”.

De igual forma, el artículo 13.3 de la Convención Americana prohíbe las restricciones a la libertad de expresión por medio de “vías o medios indirectos” que la Corte Interamericana ha considerado como mecanismos “sutiles de restricción al derecho a la libertad de expresión por parte de autoridades estatales o particulares”.

• BALANCE

V-Dem tiene razón, es crucial mantener una infraestructura resiliente a través de redes descentralizadas y vías de comunicación adicionales. Ante este tipo de amenazas debemos abogar por leyes nacionales e internacionales que reconozcan y penalicen los “apagones” injustificados de internet.

Como bien lo señala la RELE/CIDH, las sociedades democráticas deben continuar aspirando a un internet libre, gobernado por una variedad amplia de actores, que sea equitativo en capacidades técnicas y universal en habilidades digitales, y que disponga de infraestructura y accesibilidad suficientes.

*Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA