Y tres años después…

Una buena noticia en un país polarizado, si la intención fuera caminar hacia la normalidad democrática. Pero hay que ver si aquello no acaba en un “diálogo de sordos” y si no es sólo una estrategia para suavizar críticas y neutralizar al contrario.

El singular encuentro se realizó por instrucciones del Presidente de la República, en respuesta a una petición del diputado federal Santiago Creel, otrora aliado de AMLO en el conflicto poselectoral de Tabasco, a mediados de los noventa. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, recibió a la dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés.

El secretario de Gobernación dejó claro que AMLO quiere apoyo para las tres reformas constitucionales que anunció para el segundo trienio de su mandato: eléctrica, electoral y Guardia Nacional, según Santiago Creel.

La pérdida del control de la mayoría calificada (dos tercios de la Asamblea) en la Cámara de Diputados lo obliga a sentarse con la oposición para alcanzar los cotos.

En ese primer encuentro gobierno y PAN acordaron abrir siete mesas de trabajo que arrancarán el próximo 10 de enero:

Los temas son empleo y medidas para contener la inflación, combate a la inseguridad, desabasto de medicamentos, polarización, despolitización de la justicia y reforma eléctrica.

“La posición del PAN —en la reforma eléctrica— es que la gente pague menos en su recibo de luz, que México transite hacia las energías limpias, que se genere inversión y trabajo para los mexicanos”, explicó Marko Cortés en rueda de prensa posterior al cónclave.

El PAN pidió también respeto para la oposición y que cese la persecución de que son objeto el excandidato presidencial de ese partido, Ricardo Anaya, refugiado en Estados Unidos, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Él formó parte de la comitiva del PAN que estuvo en Bucareli y que encabezó Marko Cortés.

Asistieron la secretaria general, Cecilia Patrón; el presidente del Consejo Político Nacional, Santiago Creel; los coordinadores parlamentarios Julen Rementería, de los senadores, y Jorge Romero, de los diputados. Pero también el representante de los diputados locales, Enrique Vargas, y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

“No puede decretarse algo que es de interés público nada más porque lo diga incluso el propio Presidente de la República”, dijo la magistrada al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado. “Las cosas tienen que hacerse conforme a la ley, porque vivimos en un Estado de derecho…”, puntualizó.

¿Verdad que sí, senadora Sánchez Cordero?

Hay muchos sinónimos para describir lo ocurrido ayer con el doctor Hugo López-Gatell en su reunión con la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. La reunión se suspendió luego de que el fallido “zar anticovid” interrumpiera las críticas de Luis Espinosa Cházaro, jefe de la bancada del PRD, a la estrategia oficial contra la pandemia.

El controvertido doctor alegó que la vicecoordinadora de ese grupo, Elizabeth Pérez, grababa la reunión, cosa que la diputada negó. Lo peor: Morena y sus rémoras avalaron las quejas.

Hace 30 años recorro los pasillos de las cámaras, he visto casi de todo, pero nunca a un funcionario hacer un desplante parecido frente a representantes de otro poder.

¿Soberbia? ¿Cobardía? Lo que el señor necesita es un tratamiento de templanza. Le recomiendo que acuda al consultorio del doctor Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.