Conocemos la popular frase desde que tenemos uso de razón: “El que no transa, no avanza”. Para progresar o alcanzar el éxito en México es preciso ser deshonesto, hacer trampa y rendirse ante la corrupción. Los casos sobran. Raro es el día en que no sale a la luz pública un acto ilegal o inmoral: desde los sobornos cotidianos del ciudadano de a pie para agilizar un trámite hasta el tráfico de influencias orquestados desde las cúpulas del poder. Normalizamos las malas prácticas y nos adaptamos a la anomalía con tal de dar el siguiente paso. Nuestra realidad nos condena a la duda de si el fraude continuará ad infinitum.
En mayo de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto declaró en el Foro Económico Mundial que la corrupción es “un asunto de orden, a veces, cultural”. Sabía de lo que hablaba. Le explotó el escándalo de la Casa Blanca. La primera dama dio la cara, pero nadie le creyó. El remedio, por si fuera poco, salió peor que la enfermedad: Peña Nieto instruyó a su propio secretario de la Función Pública a investigarlo, una simulación burda, porque nadie se investiga a sí mismo.
La retórica del poder en México abunda en pasajes de antología. En 1982, José López Portillo prometió “defender el peso como un perro” antes de arrastrar al país a una devaluación catastrófica y a la posterior nacionalización bancaria. Para tapar la grieta, Miguel de la Madrid lanzó la “Renovación Moral”, buscando paliar el saqueo del sexenio anterior, pero en esa administración sobrevino la “caída del sistema” de 1988, orquestada desde la Secretaría de Gobernación para favorecer a Carlos Salinas de Gortari. El árbitro electoral, el gobierno, no podía desamparar al candidato oficial.
En la historia reciente, el desfalco de Segalmex, mediante contratos a empresas fantasma y desvíos millonarios, demostró que las viejas prácticas son un clásico, pero Andrés Manuel López Obrador envió temprano la mala señal al incorporar a su gabinete a Manuel Bartlett, operador directo del citado fraude electoral del 88.
No pretendo insinuar que este veloz recuento de la corrupción de Estado incida de forma directa en el reciente fraude de los aspirantes a la UNAM. Históricamente, la gran corrupción requiere del aparato institucional, no de un enjambre de ciudadanos. Sin embargo, “El Lazarillo de Tormes” se alza como respuesta a este entorno.
Los muchachos que hicieron trampa para ingresar a nuestra máxima casa de estudios actuaron como Lazarillos, sintiéndose “obligados” a recurrir al engaño bajo la lógica del transar para avanzar. A los malos gobernantes sólo podemos castigarlos (si acaso) en las urnas. Los estudiantes que no cometieron fraude ahora deberán demostrar su honestidad mediante un “examen de control”. Pagarán justos por pecadores. La UNAM es un sistema dentro del sistema, poseedora de una autonomía que requiere mandos que estén a la altura. Su influencia va mucho más allá de la educación. Influye en la cultura, la ciencia y la política del país. Hay muchos universitarios que nos llenan de orgullo, pero otros más nos provocan vergüenza.
Me refiero puntualmente a quienes instauraron la modalidad virtual para el examen de admisión, pues le deben una explicación a la universidad y a la sociedad. Se ahorraron costos al evitar la logística presencial, pero lo barato sale caro. Y eso, a final de cuentas, fue una trácala, el efecto de la bola de nieve. Para ir de un punto a otro, siempre habrá quien busque atajos, pero cuando se tiene enfrente un bello jardín, la dignidad demanda respetar las flores antes que pisarlas para llegar primero.