De la ciudad de los Palacios a La región más transparente, la capital del país pasó al descontrol. Las postales son de concreto y contaminación, pero la CDMX siempre está viva e insomne. Es la urbe de “la demasiada gente”, escribió Monsiváis, “la multitud que rodea a la multitud”.
Durante años, la Ciudad de México presumió ser refugio, destino y promesa. Aquí cabían todos. El estudiante que llegaba con una mochila, la pareja joven que buscaba independencia, la familia que aspiraba a vivir cerca del trabajo y no a tres horas de distancia. Hoy en día esa situación se convirtió en misión imposible ante los contratos de arrendamiento, departamentos convertidos en mercancía de lujo y colonias en las que vecinos que tienen décadas ya no pueden pagar.
En ese sentido, habría que darle seguimiento a la iniciativa de reforma constitucional presentada por Clara Brugada. Sin darnos cuenta, la vivienda se convirtió en un mecanismo de expulsión social.
Los números dicen mucho. Dos millones de personas viven en renta en esta ciudad. Uno de cada cuatro capitalinos depende de un casero. En algunas zonas centrales, más de 40% de los ingresos familiares se va en pagar el alquiler. Rara vez se celebra el alza de los salarios, pero las rentas se dispararon más de 30% en apenas cuatro años en ciertas colonias. ¿Cuánto tiempo más puede resistir una metrópoli que obliga a sus habitantes a marcharse?
Las cosas como son: esta capital hoy expulsa a sus ciudadanos. Medio millón de personas abandonaron la Ciudad de México en 2020. No se fueron por gusto. El mercado inmobiliario convirtió el arraigo en privilegio. En una variación de este mismo tema, no sé usted, pero quien esto escribe está harto de los agentes inmobiliarios que animan a adquirir propiedades “ideales para inversión”, no para vivir ahí.
La propuesta de Brugada, en el papel, pone restricciones. Limitar que las rentas crezcan por encima de la inflación parece, para algunos sectores, una herejía económica. Pero los mismos que durante años defendieron el mercado, guardan silencio frente a la especulación inmobiliaria.
La reforma intenta responder a eso desde cuatro frentes, a saber: control de aumentos abusivos, incremento de vivienda social, creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios y reconocimiento constitucional del arraigo comunitario. Dicho en términos simples, se procura impedir que la lógica del dinero arrase con la comunidad.
El reto será enorme. Porque una cosa es redactar derechos y otra volverlos realidad entre corrupción inmobiliaria, intereses económicos y falta de suelo urbano. El asunto parece un colofón de la Tragicomedia mexicana, de José Agustín.
El propio secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, reconoció algo fundamental: sin más vivienda, no habrá solución de fondo. La tarea es doble. Por un lado, poner en cintura a los arrendadores. Por el otro, construir ciudad. Mucha ciudad. Bien. ¿Dónde?
Sin embargo, hay algo que no debe minimizarse. Por primera vez, en mucho tiempo, el gobierno reconoce públicamente que la gentrificación afecta la vida cotidiana de millones. Los jóvenes son quizá el rostro más brutal de esta crisis. Dos de cada tres viven en renta. Sólo uno de cada diez tiene vivienda propia. Muchos siguen viviendo con sus padres, porque independizarse dejó de ser posibilidad.
En la discusión que viene está en juego el modelo de ciudad en la que los inversionistas no se pasen de listos y en la que sus habitantes cumplan sus obligaciones, pero también sus sueños.