Venganza histórica

No hay verdad alternativa, sólo correcciones menores a la que el anterior gobierno consideró conveniente establecer jurídicamente. El relato se mantiene: los estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados por policías municipales a un sanguinario grupo criminal bajo la indolencia, negligencia y/o complicidad de autoridades civiles y militares. Dicha colusión de quienes delinquen con quienes deben perseguirlos para cometer ese crimen tan atroz dio pie a la consigna “fue el Estado”, que ahora el actual régimen se toma literal con la intención de cerrar el caso con propaganda punitiva y, así, ocultar los magros resultados de la investigación realizada por la comisión creada exprofeso para aclarar lo que hoy sigue turbio.

Aunque sólo se han identificado los restos de tres de los 43 desaparecidos, se busca asumir legalmente que todos fueron asesinados, tal y como pretendió la llamada “verdad histórica”. La diferencia es que ahora se persigue la versión, aunque prevalezca en esencia, y a los que presuntamente la urdieron con propósitos perversos. La fuente que da a conocer una supuesta conspiración al más alto nivel para engañar a la opinión pública, misma que, aseguran, se llevó a cabo en Iguala, es un testigo protegido que no estuvo presente. Y el móvil de esa operación de tamaña envergadura no es claro ni convincente, pues tanto en la vieja como en la nueva historia los asesinos siguen siendo miembros de Guerreros Unidos.

Dan a conocer como gran revelación lo que ya se sabía desde el principio: que los jóvenes no fueron a boicotear el informe de María de los Ángeles Pineda como presidenta del DIF municipal, el cual ya había terminado cuando llegaron. Lo nuevo en el informe que presentó Alejandro Encinas es que se asume como cierta la versión de la escuela: sus miembros fueron hasta Iguala, a 205 kilómetros de distancia, por camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre que se verificaría una semana después de los hechos, no obstante la cercanía de Ayotzinapa con Chilpancingo, lugar al que suelen acudir para conseguir su transporte.

La verdad histórica respondió a la ingenua creencia de que podían presentar un relato consistente que fuera aceptado por los familiares de las víctimas y el vigoroso movimiento de genuina indignación que se estaba gestando, evitando pisar callos, más allá de los Abarca, por la connivencia de autoridades de la región con lucrativos negocios ilegales, algo que sigue sucediendo ahí y en no pocos lugares del país.

Para no revictimizar, la verdad histórica dejó fuera cualquier referencia que sugiriera vinculación de directivos de la normal o de quienes llevaron a Iguala a los estudiantes de primer ingreso con Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos, no obstante la seguridad que tenían los victimarios de estarlos enfrentando. También ignoró la versión de que uno de los camiones secuestrados que tenía como destino Chicago llevaba heroína. En 2014 había frenesí por ella en Estados Unidos, pues el fentanilo todavía no la desplazaba.

Por su parte, la comisión tampoco revela nada nuevo al establecer que el Ejército tenía un informante infiltrado en Ayotzinapa, Julio César López Patolzin, quien está entre los desaparecidos. Es noticia vieja, pero la errática y nebulosa respuesta de la Zona Militar en esa oscura noche deja dudas, lo mismo que las razones por las cuales se desentendió de su soldado. Esclarecerlo serviría más que vender el inverosímil cónclave del complot.

Más que el interés por la verdad, estamos ante un golpe de propaganda para salvar la cara. El presidente López Obrador se comprometió con los padres y si no pueden resolver el enigma de dónde están los 40 que faltan, entonces que la Fiscalía los consuele con la revancha contra quienes antes tampoco pudieron hacerlo.

En lugar de llamar a comparecer al exprocurador Jesús Murillo Karam para aclarar decisiones y omisiones de aquella investigación, fueron a aprehenderlo por acusaciones que difícilmente podrán probar y le niegan su derecho a defenderse en libertad con el sobado pretexto de que podría fugarse, estando enfermo y con 74 años. La justicia al capricho del poder. Por eso Murillo es preso político… como lo fue Rosario Robles.