Todo se vale

La ley marca los límites al gobernante. No sólo está obligado a cumplirla, tiene el impedimento legal de hacer todo aquello que la norma no lo faculta. Pero el hecho es que vemos a funcionarios de primer nivel realizar actividades que tienen expresamente prohibidas en la legislación, ignorando llamados y resoluciones de las autoridades electorales, llegando incluso a amenazarlas.

Nada justifica que servidores públicos violen la ley y no sobra recordar que ésta fue aprobada por el partido al que pertenecen. Morena estableció prohibiciones terminantes a gobiernos y partidos en la promoción de la consulta de revocación. Cuando vieron que la inmensa mayoría de la oposición no mordió el anzuelo y optó por hacer vacío al ejercicio, se preocuparon por la previsible escasa participación en un proceso que carece de interés ciudadano; entonces ya no les gustó lo que legislaron. Pero eso no les quita la responsabilidad de cumplirla.

Pasaron de la burda y deficiente simulación a la más grosera y prepotente violación de la Constitución. Una organización hechiza dio la cara para entregar las firmas acopiadas con estructuras partidarias y gubernamentales, no se sabe cómo se financió dicha tarea ni tampoco la infinidad de espectaculares, bardas, publicidad en el transporte público y volantes que llaman a votar por la permanencia del actual titular del Ejecutivo y hasta funcionarios y legisladores de Morena pidieron licencia con el propósito de hacer campaña.

Pero para el Presidente nada de eso es suficiente. Por eso aprobaron en el Congreso, al vapor y en pleno proceso, un decreto que interpreta la propaganda gubernamental establecida en el artículo 134 de la carta magna, de tal suerte que gobernantes, diputados y senadores quedaran en libertad de hacer abierto proselitismo. Sólo que la maniobra era tan grotescamente inconstitucional que el TEPJF la echó abajo casi de inmediato. Ante ello, el régimen optó por pasar encima de las prohibiciones con descaro y retar a las autoridades electorales que están obligadas a señalar y sancionar las faltas.

Todavía hace unos días, el presidente López Obrador aceptó a regañadientes bajar el informe en el Zócalo de sus redes y publicar la resolución del TEPJF que se lo mandató. Pero el juego del estira y afloja, haciéndose el desentendido que viola la ley por desconocimiento y victimizándose por las medidas cautelares del INE, acabó con los actos del fin de semana que escalaron el conflicto.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue a Sonora y Coahuila a hacer proselitismo abierto, retó a que lo sancionaran y advirtió a consejeros y magistrados que saldrán del cargo “con la cola entre las piernas” antes de 2024 con la reforma electoral que enviarán en el actual periodo de sesiones. No cuidó las formas, se trasladó en avión militar de la Guardia Nacional con el jefe de ésta y el dirigente nacional de Morena para acudir a un evento partidario. Sin duda que es un destape que lo mete en la carrera por la sucesión y le gana simpatías con los sectores duros del obradorismo, pero las consecuencias de que el encargado de la gobernabilidad del país viole con desparpajo las leyes y se confronte de esa manera con las autoridades electorales serán muy perniciosas.

Desde que negaron recursos para organizar la consulta de revocación al INE, a pesar de que el ejercicio es prioridad para el Presidente y su partido, se anticipaba la celada contra el árbitro. El oficialismo no tiene los votos para hacer la limpia que establecen, pero el planteamiento dará pie para que desde el poder se denuncie sin pruebas un fraude electoral en ciernes, al estilo de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y así abrir una ventana al desconocimiento de los resultados en la elección presidencial. Además, si la mera acusación de parcialidad ya dio pretexto para violar la ley y sacar ventajas indebidas, ¿por qué no harían lo mismo en 2024?

Malos presagios para un país cuyos problemas se agudizan y la situación política se descompone por la sucesión adelantada, los conflictos palaciegos desbordados y un gobierno que ha decidido romper puentes, fundiendo al interlocutor con la oposición y declarándole la guerra al órgano electoral.