Sin fuero

No toda excepción es privilegio. En un país con Estado de derecho en el que se procura justicia al margen de los intereses del grupo en el poder, no habría razón para salvaguardar la labor de gobernantes y legisladores opositores de la persecución política. Por desgracia, dicho ideal está lejos de ser el caso de México, tal y como lo demuestra la evidencia reciente. La facilidad con la que suspendieron de sus funciones a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, perfilando su destitución por ausencia definitiva debe prender alarmas en todo el país.

Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, quisieron procesarlo penalmente por violar un amparo en la construcción de una calle. La desproporcionada medida fue interpretada por gran parte de la opinión pública como una forma de sacarlo de la contienda por la sucesión, lo que generó un movimiento social que se opuso a la medida, logrando que no pisara la cárcel y siguiera gobernando la capital. Pero eso sucedió gracias a que contaba con fuero, el cual le permitió defenderse antes de que se consumara su destitución y puesta a disposición.

La costumbre de legislar la utopía, ignorando resabios y pulsiones autoritarias que siguen patentes en la lucha política, eliminó el fuero en la Constitución de la CDMX. Y ahora vemos a algunos de los que se opusieron a aquella pretensión de desaforar a López Obrador, promover una destitución fast track de quien obtuvo 120 mil votos de los ciudadanos de la Cuauhtémoc por una acusación más absurda que la de entonces. Antes de ser escuchada en audiencia, Sandra Cuevas fue suspendida de sus funciones como medida cautelar dictada por la jueza a solicitud de la fiscalía, medida que, como era de esperarse, se ratificó al ser vinculada a proceso.

La investigación se cerrará en dos meses, el término que estipula la ley para sancionar la ausencia definitiva de la alcaldesa y convocar a nuevas elecciones. Todo indica que se está actuando por consigna. Dos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum aseguran haber sido privados de su libertad, despojados de sus radios y discriminados por la acusada sin presentar más prueba que su testimonio. Eso bastó para llevar a cabo la indagatoria más rápida de esta administración y dejar a los habitantes de la alcaldía sin su gobernante electa en lo que hacen las averiguaciones, con la clara intención de arrebatar con denuncias judiciales lo que perdieron en las urnas.

En el mismo texto constitucional que acabó con el fuero, se establece la autonomía de la fiscalía, pero tuvieron que modificarlo para permitir que su actual titular, Ernestina Godoy, fuera nombrada cuando era diputada de Morena en el Congreso de la CDMX. Pero la cercanía política con la jefa de Gobierno no es la única razón para poner en duda el manejo imparcial de la procuración de justicia en la ciudad.

El pleno de la SCJN está por discutir un nuevo proyecto respecto al amparo de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de tener responsabilidad en la muerte de su hermano. Se espera que les sea concedido y la primera recupere su libertad, pues los 11 ministros coincidieron en la existencia de graves violaciones a los derechos de las imputadas y algunos hicieron hincapié en que fueron acusadas por un delito inexistente. Vale la pena tener presente que fue la fiscalía capitalina la que solicitó esas órdenes de aprehensión concedidas por una jueza. Ahora la historia parece repetirse con otra Cuevas de nombre Sandra.

Estamos cerca de que se cumpla un año del colapso en la Línea 12 y no hay ningún detenido y el uso “cuasiexperimental” de ivermectina en miles de pacientes covid de la CDMX que ignoraban estar recibiendo un tratamiento no probado parece archivado; pero las prisas surgen para imputar en menos de un mes a quien gobierna donde vive el presidente López Obrador, a pesar de lo improbable que resulta que una mujer de 1.60 de estatura pueda maltratar a dos uniformados con la prepotencia que éstos afirman.

Lo más grave es el precedente. Si así de fácil se puede procesar y quitar del cargo a una gobernante de oposición, ¿quién sigue?