Sí, ¿y qué?

¿Para qué limitarnos si somos mayoría?, dice el pensamiento cínico que se abre paso. Más vale ser cuestionados desde la ingenuidad de quienes creen que el Estado no debe ser instrumento partidario y confirmar sus temores que poner en riesgo la continuidad en el poder. El debate racional es una exquisitez elitista que no decide elecciones y, para que no haya duda, habrá que ensuciarlo, abaratarlo y anegarlo con calumnias, descalificaciones y viejas consignas recicladas como sentencias ideológicas. Hay que depreciar a la opinión pública, hablarles sólo a los propios y pasarles por encima a quienes resistan.

Las instituciones que no estén controladas por incondicionales son un riesgo y deben combatirse hasta que sean destruidas o capturadas. Los cuatro consejeros electorales que van a ser nombrados tienen que servir a los intereses del gobierno federal para equilibrar la composición del INE, pues la neutralidad es una forma de oponerse. Si no operan a favor del grupo gobernante, entonces en los hechos están en su contra.

Sólo se puede confiar en los de casa, la imparcialidad es propia de simuladores y, en el mejor de los casos, es un estorbo que beneficia a los adversarios, así sea de manera cándida e inconsciente porque la “transformación” enarbolada es en realidad una revolución que para triunfar requiere de la entrega total y sin cortapisas a la voluntad presidencial que la anima.

La ley es prurito que debe saltarse cuando sea necesario, no se diga las formas políticas que reconocen legitimidad a quienes se quiere aplastar. El diálogo confunde a las bases, los acuerdos implican concesiones y el tiempo apremia porque el sexenio se agota. El amago de llevar la selección de consejeros del INE hasta la tómbola en la Corte hará que acepten agradecidos cualquier cosa que crean haber rescatado.

Ese razonamiento delineado someramente explica que el oficialismo haya impuesto cinco devotos suyos de los siete miembros del Comité Técnico Electoral que procesará las cuatro quintetas para renovar al instituto, incluyendo la presidencia. No cumplen ni de cerca los requisitos estipulados en la Constitución, pero el precedente de John Ackerman en 2020, quien fue ratificado a pesar de su público y notorio vínculo con el nuevo partido de Estado, hace que se vea complicada la rectificación.

Los soldados del Presidente tienen clara mayoría en el comité y la única forma de detener el cantado agandalle es aumentarle el costo al gobernante que no oculta sus intenciones hegemónicas. Cada exhibición de prepotencia agudiza el agravio hacia una sociedad que no está dispuesta a renunciar a sus libertades ni a las conquistas democráticas que tanto trabajo y sacrificio costaron. Entre más descarado sea el abuso, más grande será el voto de castigo en 2024.

Las nutridas marchas del 13 de noviembre en más de 60 ciudades son síntoma de la preocupación ciudadana ante la restauración autoritaria. El próximo domingo 26 de febrero habrá manifestaciones en 75 plazas del país, incluyendo el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí está la fuerza que puede detener la degradación institucional y recuperar el camino del pluralismo si hay opción que convenza y entusiasme.

En lugar de ver qué pueden rescatar si evitan la amenaza de llegar al sorteo de los consejeros, los partidos de oposición debieran abrazar la Constitución y reivindicar el alto perfil, la trayectoria impecable y la probada imparcialidad de cada una de las propuestas que integren las quintetas, exigiendo transparencia en cada etapa del proceso y revisando con lupa las evaluaciones. Más vale que el oficialismo enseñe el cobre y mande al sorteo a 20 porristas del presidente López Obrador que legitimar la captura oficialista del INE. Si no convalidan, pagarán sus excesos en las urnas.

El cinismo del régimen se extiende a sus criaturas. La ministra Yasmín Esquivel se ampara contra el Comité de Ética de la UNAM para que no resuelva sobre el presunto plagio de su tesis y una juez le concede la suspensión, amordazando, además, a sus miembros para impedir que informen de sus labores. La integrante de la SCJN litiga asuntos personales en el poder que encabeza. ¿No hay conflicto de interés y tráfico de influencias?