Persecución

Ricardo Anaya tiene razones de sobra para desconfiar. Rosario Robles vino a testificar y la encerraron no obstante que la acusande un delito que no merece prisión oficiosay su defensa acreditó la falsificación dela licencia que el juez usó de pretexto para negarle llevar su proceso en libertad.

En política, la ingenuidad es mal negocio. Si ya viste la película y sabes que el papel que te asignan es el de la siguiente víctima propiciatoria de la anunciada transformación, lo correcto es evitar cometer los mismos errores de quienes fueron sorprendidos y ponérsela más difícil al director de escena, saliéndote del guion. Eso fue lo que hizo Ricardo Anaya al irse del país antes de ser encarcelado.

La barandilla sirve a la propaganda, razón de Estado para el populismo. El objetivo estratégico es remarcar la narrativa que identifica a los adversarios con la corrupción y la inmoralidad, aunque no sea asunto menor el ajuste de cuentas con un excandidato presidencial, competidor del actual mandatario y visible opositor al que se pretende callar. La apuesta de procesarlo era de por sí elevada; ahora el tablero cambia porque el perseguido renunció al martirologio del encierro para mantenerse políticamente activo desde el exilio.

El régimen dirá que su salida del país es prueba de culpabilidad porque “el que nada debe, nada teme”, pero Anaya tendrá la posibilidad de responder desde donde se encuentre. Andrés Manuel López Obrador insistirá que él no tiene nada que ver con el asunto, que ni sabía, que las acusaciones son decisión exclusiva de la Fiscalía; lo difícil será que alguien se lo crea, más allá de sus adeptos.

Un día sí y el otro también, el Presidente arremete contra opositores y descalifica a instituciones que gozan de autonomía por ejercerla. Es lógico que se presuma la mano detrás del tinglado de quien ha concentrado ostensiblemente el poder y hasta reclama incondicionalidad en las agregadurías culturales de las Embajadas, cuando la policía hace su aparición. Recordemos que nadie dio más publicidad que él a las acusaciones que Emilio Lozoya hizo a cambió de su libertad.

De hecho, la FGR hizo pública la denuncia presentada por Lozoya después de que el mandatario lo demandara desde la mañanera —así de autónomos son— y ahí mismo proyectó el video de dos colaboradores del Senado guardando fajos de dinero en maletas. A uno de ellos, Rafael Caraveo, también le permitieron seguir en libertad por haber confesado a satisfacción de la Fiscalía. Así que los dos testigos claves son corruptos confesos y ensartados a los que les dieron enormes privilegios por acusar adversarios del Presidente.

Ricardo Anaya tiene razones de sobra para desconfiar. Rosario Robles suspendió un viaje al extranjero para venir a testificar, demostrando voluntad para enfrentar los cargos que se le imputan, y la encerraron no obstante que la acusan de un delito que no merece prisión oficiosa y su defensa acreditó la falsificación de la licencia que el juez usó de pretexto para negarle llevar su proceso en libertad. Lleva dos años en la cárcel por haber omitido informar a su superior, Enrique Peña Nieto, de presuntos delitos por los cuales la FGR no ha consignado a nadie. ¿De verdad no es un acto de revancha por los videoescándalos de 2004?

Algo similar ocurrió con el exsenador Jorge Luis Lavalle. Fue a un citatorio al reclusorio para testificar y ya no lo dejaron salir pese a que la ley le da derecho a fianza. También argumentaron que se podría fugar, aunque acudió a la audiencia por su propio pie. Mientras tanto, al que agarraron escondido en España y hay infinidad de pruebas que lo relacionan con los sobornos de Odebrecht no ha pisado ningún juzgado en México. Trato VIP para quien involucró a tres expresidentes y un sinfín de opositores en una sola declaración. Como ocurre con los “testigos protegidos”, es muy probable que sus dichos respondan más a la necesidad de complacer a quienes tienen su futuro en las manos que a lo que realmente le consta.

En la versión que se hizo pública, Lozoya declaró haber entregado dinero a Anaya el 8 de agosto de 2014 en la Cámara de Diputados, cuando éste tenía licencia como legislador y no estaba en la capital. Si eso fue modificado en el expediente, como sostiene el excandidato presidencial, se confirmaría la persecución. El uso faccioso de la procuración de justicia es propio de regímenes autoritarios y bien haríamos en repudiar la venganza desde el poder porque el siguiente podría ser cualquiera.

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