Parteaguas

Las reglas de la distribución del poder deben ser acordadas por los jugadores para dar certeza y favorecer la gobernabilidad.

No sólo es la cantidad, también el síntoma. Es verdad que la causa es poderosa, el Instituto Nacional Electoral cuenta con amplio reconocimiento social y la posibilidad de que el gobierno se haga del padrón y convierta la autonomía del árbitro en una simulación es de suma gravedad; pero la impresionante movilización en más de 60 ciudades también muestra un estado de ánimo, así como el desgaste de un estilo personal de gobernar y la insatisfacción por la falta de resultados.

Las cosas no volverán a ser como antes de la marcha. Algo se rompió y el pasmo quedó atrás. Los ciudadanos se empoderan en las calles, son conscientes de su fuerza y se reconocen en sus esperanzas y temores. Que la autoridad los desacredite y minimice acrecienta el agravio que los llevó a manifestarse y ahora saben que están acompañados de muchos otros que también están dispuestos a caminar juntos para amplificar su voz.

Así como las descalificaciones, insultos e infamias lanzadas desde Palacio Nacional antes de la movilización no inhibieron la participación ciudadana, las que le sucedieron confirmaron las razones de la protesta. ¿Cómo pensar que las intenciones del Presidente no son autoritarias cuando hostiga injustamente y con saña a quienes disienten?

En lugar de dar certezas a las minorías, como corresponde a un régimen democrático, el poderoso las trata como enemigos irreconciliables, carentes de moralidad, a las que debe someter para hacer valer la voluntad del “pueblo”, al que solo él puede representar e interpretar. Por eso, la iniciativa de reforma viene del Ejecutivo y desprecia el consenso. Las reglas de la distribución del poder deben ser acordadas por los jugadores para dar certeza y favorecer la gobernabilidad. Eso es lo que se logró con la transición democrática, que hoy es cuestionada por su principal beneficiario.

Equilibrar la competencia contribuye a la alternancia. El 62% de las elecciones organizadas por el INE han sido ganadas por una candidatura opositora. ¿Por qué entonces López Obrador arremete contra el organismo electoral que acreditó su triunfo y el de 22 gobernadores de su partido? ¿Será porque esa equidad que le ayudó a llegar al poder también sirve para que lo pierda y no está dispuesto a aceptar una sucesión con alguien distinto al de la corcholata que destape?

El mandatario prefiere mandar en un país escindido antes que reconocer la legitimidad de los adversarios y aceptar la posibilidad de ser remplazado por alguno de ellos. No en balde insiste en afirmar que la continuidad de su “transformación” está garantizada con cualquiera de los suspirantes de su partido. A esos extremos de conducción facciosa hemos llegado, resultado del credo populista. El pueblo no somos todos, sino solamente quienes se alinean con el mesiánico líder. La conclusión se desprende de sus fobias: ¿qué no estaría dispuesto a hacer para evitar un eventual triunfo electoral de los depositarios de sus invectivas?

La Marcha por la Democracia fue una respuesta contundente a las retardatarias pretensiones hegemonistas, pero no será ni suficiente ni definitiva. Podrán ridiculizarla todo lo que quieran con fines de propaganda, pero en su fuero interno no se engañan. Saben que una manifestación de esas proporciones, replicada en las 32 entidades, sería impensable sin un malestar profundo con el estado actual de las cosas; es la simiente de un movimiento nacional. Por lo mismo, el domingo confirmaron su miedo a perder las elecciones presidenciales en 2024.

El presidente López Obrador no es adepto a detenerse o rectificar, busca siempre afianzar su autoridad y gusta doblar la apuesta. Tener el control del órgano electoral le es indispensable para salvaguardar la permanencia de su grupo en el poder. Su problema es que hoy hay un nuevo jugador en la cancha, la fuerza social de una ciudadanía que ya probó la calle y que no va a regresar a sus casas para ser espectadora del fin de la democracia mexicana.

Ya no es el régimen contra los partidos de oposición, la sociedad dio un paso al frente y reclama respeto al derecho a elegir a sus gobernantes. Ignorar la irrupción ciudadana y, peor aún, provocarla con ofensas sólo logrará extenderla. El Presidente juega con fuego.

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