Obradorato

La popularidad y el carismadel caudillo no se transfieren con el puesto y una ruptura con él podría generarun conflicto mayor en la base socialque comparten, máxime existiendola figura de “revocación de mandato”,que se estableció en la Constitución.

Las reglas las puso el Presidente. Invitó a cenar a cuatro aspirantes a sucederlo, junto con gobernadores y dirigentes de su partido, bajo el pretexto de celebrar el triunfo de Delfina Gómez. Al día siguiente, después de que Marcelo Ebrard adelantara su renuncia, trascendieron los lineamientos que estableció, mismos que el Consejo Nacional de Morena acaba de formalizar. Y no sólo eso, López Obrador también impuso compromisos transexenales.

La corcholata destapada tendrá a sus competidores al frente de las bancadas morenistas en el Congreso y, si llegara a ganar, también en su gabinete. Quien hizo todo por concentrar el poder no quiere heredarlo por completo y busca colocar fichas en lugares estratégicos. Podrá decirse que, como sucedía en el viejo régimen, una vez asumiendo el cargo, la fuerza de la Presidencia da para deshacerse de los incómodos y alinear al resto. Sin embargo, en esta ocasión, sería más difícil.

El culto a la personalidad no sólo es una característica del “movimiento” que hoy está en la cima del poder político, es el único asidero común del conglomerado de grupos e intereses que conforma la coalición oficialista. La popularidad y el carisma del caudillo no se transfieren con el puesto y una ruptura con él podría generar un conflicto mayor en la base social que comparten, máxime existiendo la figura de “revocación de mandato” que se estableció en la Constitución y que podría servirle de instrumento para desestabilizar al gobierno de quien lo suceda.

Por supuesto, falta ver cómo termina el sexenio y los costos heredados de sus políticas, como bien sabe Carlos Salinas, cuya popularidad era mayor que la del actual mandatario y se vino abajo poco después de terminar su mandato. Pero, por lo pronto, ostenta el suficiente poder como para repartir candidaturas y eventuales cargos públicos, hasta para definir la oferta electoral: “continuidad con cambio”. En el viejo régimen, todo ello le correspondía al candidato destapado. Ahí está la diferencia fundamental de aquel presidencialismo autoritario con éste: ahora el monarca es transexenal… bueno, pretende serlo.

Pensar que López Obrador se abstendrá de ejercer la mayor facultad metaconstitucional de los presidentes del siglo pasado, designar a su sucesor, es no conocer al personaje. Lo que se le puede salir de control es la elección constitucional, pero no el proceso en su propio partido. Sus señales son claras a favor de Claudia Sheinbaum, las cargadas nunca son espontáneas. Dirán que acordaron prohibiciones explícitas, pero ésas también existían cuando se eligió al candidato a jefe de Gobierno en 2006 y, al ver que podía ganar Jesús Ortega, pasó sobre ellas para respaldar públicamente a Marcelo.

Hay otro elemento. El hijo que opera políticamente, Andrés Manuel López Beltrán, ha sido pieza clave en la trayectoria reciente de Sheinbaum y no es un secreto la influencia decisiva que tuvo en la definición de las candidaturas del oficialismo en la capital. Sus aspiraciones políticas correrían más fácil con ella en la Presidencia, teniendo a la vista el 2030. Con un sencillo juicio civil puede convertir el apellido de su padre en compuesto y hacer campaña como el hijo homónimo de quien se ve inscrito en la historia como héroe popular. ¿Será ése el verdadero proyecto político del Presidente ante la imposibilidad legal y biológica de permanecer? Nunca hay que subestimar los alcances de la megalomanía cuando se tiene todo el poder.

La demanda de piso parejo de la corcholata con atisbos de rebeldía es un chiste que se cuenta solo. La ley electoral establece que las precampañas inician hasta noviembre, pero en realidad tenemos tapados desde que pasaron las elecciones de 2021. Se han gastado recursos millonarios para tapizar el país con sus nombres, siluetas y frases de campaña sin rendir cuentas del origen, siendo además altos funcionarios públicos. La convocatoria establece que el destape será antes de que inicie el proceso electoral y quieren usar esa ilegalidad como ardid para evadir la fiscalización.

Las trampas del régimen presagian elección de Estado, pero falta ver cómo reaccionarán las autoridades electorales y, todavía más importante, los ciudadanos.

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