No hay Estado

No es anécdota ni anomalía. La huida de militares ante el acoso de miembros de una banda delictiva en Nueva Italia, Michoacán, responde a la política de seguridad trazada por el Ejecutivo. La frase de “abrazos, no balazos” se ha traducido en evitar enfrentamientos con comandos del crimen organizado. Se argumenta que así se evita el escalamiento de la violencia, pero este sexenio se encamina a ser el de mayor número de asesinatos dolosos en lo que va del siglo. Poblaciones enteras viven en el desamparo al estar a merced de criminales despiadados. 

Es función esencial del Estado, al grado que la teoría clásica la establece como su origen, proteger la vida, la integridad y las propiedades de las personas que están bajo su manto. Renunciar al monopolio legítimo de la fuerza es su negación; permitir ejercerla a quienes delinquen es el peor de los despropósitos, una de las características de los estados fallidos. Ni más ni menos se rompe el pacto fundacional de la sociedad. Cobrar impuestos a habitantes que se les deja desprotegidos frente a la delincuencia es literalmente un robo mediante el fraude. 

 Nadie le pide al presidente López Obrador que los militares, a quienes asignó tareas policiacas, asesinen a criminales a sangre fría o violen sus derechos humanos, sólo que cumplan con la obligación de aplicar la ley y brindar seguridad a las personas. Permitir que cárteles se adueñen de territorios es dejar en la zozobra a los civiles pacíficos que ahí habitan. Esa estrategia no disminuye la violencia, sólo la concentra en manos de los que la utilizan ilegal y arbitrariamente en contra de otras personas. Por eso no extraña que, en poco más de tres años de la presente administración, ya se rebasara el número de homicidios de todo el sexenio de Felipe Calderón. 

Existen protocolos del uso proporcional de la fuerza. 

Es verdad que las policías civiles sirven mejor para dicho propósito, pero también lo es que, contrario a las promesas de campaña, opten por escalar la militarización de la seguridad pública. En ello hay evidente paradoja. Por una parte, se recurre como nunca a los militares, y por la otra, se les ordena no enfrentarse con grupos armados que cometen un sinfín de tropelías a su paso. 

 La explicación es que el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en ésa y otras áreas no responde a una estrategia de combate al crimen organizado, sino a la pretensión de darles un papel político relevante en el régimen hiperpresidencialista de partido hegemónico que se busca restaurar, tal y como ocurre en los países que López Obrador pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sean invitados a la Cumbre de las Américas. 

 Pensar que las bandas criminales se autocontendrán, una vez que venzan a sus rivales y controlen regiones enteras, es ingenuo y pernicioso, aunque escriban en mantas que ellos se encargarán de acabar con la delincuencia mediante los métodos salvajes que acostumbran. Entre más se fortalezcan, más capacidad tendrán para someter a las autoridades a su arbitrio, generando caos y tomando de rehenes a las comunidades, como lo vimos en la liberación de Ovidio y recientemente en Acapulco. 

Es hora de hablar del elefante en la sala: cada vez es más evidente la participación de organizaciones criminales en procesos electorales. Quienes ganen con la ayuda de su intervención servirán a sus intereses, por complicidad o por voltear hacia otro lado. No todo puede estar permitido para mantener el poder, aunque algunos crean que de eso depende el proceso de transformación de dudosos, por no decir contraproducentes resultados. El fin no justifica los medios. 

El consuelo insulta a la inteligencia. Es verdad que la estrategia de eludir refriegas ha reducido el número de muertos en enfrentamientos entre miembros de las fuerzas del orden y delincuentes ni modo que no, pero la responsabilidad del Estado es evitar que quienes se han armado ilegalmente asesinen, así se trate de grupos rivales o comentan secuestros, extorsiones, violaciones, trata de personas o incorporen niños y jóvenes de manera forzosa en sus filas. 

Es inadmisible que el Estado cometa delitos contra la población que debe cuidar, pero también lo es que se esfume, dejándola desprotegida.