Marea rosa

La ofensiva contra el INE es vista con razón como una amenaza al derecho de elegir libremente a gobernantes y representantes en elecciones confiables y creíbles.

Déjà vu: el Zócalo puede colmarse y desbordarse hacia las calles aledañas sin recursos públicos. Se habían acostumbrado tanto a verlo como el centro de veneración del líder a convocatoria de sí mismo que la audacia de citarse ahí para oponerse al plan B fue respondida con desmesurada agresividad verbal, como si se tratará de un sacrilegio. Las imágenes muestran que no lograron amedrentar a los participantes y quedó acreditado que dicha plaza, y otras cien en el país, son de todos. Los ataques del oficialismo resultaron ser un tiro que salió por la culata.

Desde el movimiento estudiantil de 1968, descalificado por Gustavo Díaz Ordaz como producto de una conspiración comunista financiada por la entonces Unión Soviética, no hay precedente de una campaña tan abrumadora y ruin desde el poder para descalificar a quienes ejercen su derecho a la protesta. En el colmo del delirio, quisieron vincular la defensa del INE con el crimen organizado, tomando como pretexto la sentencia de culpabilidad de Genaro García Luna en Brooklyn. Que se tratara de un insulto a la inteligencia no desalentó a los voceros del régimen. Si lo dice el Presidente, tienen que replicarlo hasta la saciedad sin miedo al ridículo.

Volvieron a subestimar a los ciudadanos. No leyeron los síntomas de las movilizaciones del 13 de noviembre del año pasado. En aquella ocasión, Reforma se desbordó con una convocatoria de 54 organizaciones y replicada en 63 ciudades. Tres meses después, faltó Zócalo para dar cabida a la marea rosa que lo inundó, la cual fue convocada por 124 organizaciones y tuvo verificativo en 112 localidades. Se está gestando un movimiento nacional para defender la democracia, al cual está contribuyendo la indolencia y prepotencia del gobierno.

Lejos de atenuar los agravios que llevaron a tomar las calles, el régimen parece obcecado en agudizarlos. La ofensiva contra el INE es vista con razón como una amenaza al derecho de elegir libremente a gobernantes y representantes en elecciones confiables y creíbles. A la irrupción ciudadana para detener la contrarreforma constitucional, se le respondió con una marcha de Estado para insistir en ella, además de las consabidas ofensas mañaneras contra los participantes.

Cuando se rechazó el dictamen por no obtener la mayoría calificada, ingresaron por la puerta trasera el “plan B”, que fue aprobado saltándose todos los trámites parlamentarios, al grado que los diputados lo votaron sin haberlo siquiera leído. El albazo con el que cambiaron las reglas electorales no sólo fue un acto unilateral que borra lo que antes se construyó pluralmente para beneficiar al partido en el poder, también se hizo a espaldas de la sociedad y en grosera violación a lo establecido en la Constitución, que no pudieron modificar.

Aunque la respuesta ciudadana fue contundente, no se ve intención de rectificar y encontrar vías de conciliación con los inconformes por parte del presidente López Obrador. Al contrario, insiste en descalificar a los manifestantes con infamias, poniéndolos a todos en el mismo saco donde tiene a sus villanos predilectos. Por eso no queda otra instancia para conocer y resolver el diferendo que la Suprema Corte, cuyos integrantes también son hostilizados desde Palacio Nacional. Ahí aplaude a los que respaldan su proyecto político que llama “transformación”, así se trate de una plagiaria reincidente, pero llena de estigmas morales a quienes creen en la división de poderes y le vienen “con el cuento de que la ley es la ley”.

En contraste, los ciudadanos colmaron las plazas para respaldar a la Corte y que ésta pueda resolver con libertad y en estricto apego a la Constitución. Frente a la tendencia de debilitar instituciones para someterlas a la voluntad presidencial, las entusiastas multitudes reivindicaron los contrapesos y los límites legales al Ejecutivo.

La República está en manos de once ministros y se requieren al menos ocho votos para echar abajo la pretensión de trastocar el sistema electoral. Ellos pueden evitar que el poder fáctico del despotismo logre sepultar las conquistas democráticas de la transición. Pero, en cualquier caso, la esperanza renace con los ciudadanos en las calles, luchando por sus derechos.

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