Lo que el populismo se llevó

Entender la política como una guerra perpetua amenaza los espacios neutrales. El gobierno se asume como facción que echa mano de todos los recursos a su alcance para prevalecer sobre las demás, haciendo que las instituciones asuman sin ambages la parcialidad ideológica de sus colores partidarios.

El objetivo, sobre cualquier otra consideración, sería preparar el terreno para la próxima elección a favor de ellos mismos, antes que cumplir con funciones legales y resolver problemas y necesidades de la población. La administración pública en el populismo está abocada a conservar el poder.

Eso explica la pretensión de someter desde el Ejecutivo a los otros poderes y también a los órganos autónomos, al ser el INE la joya de la corona por obvias razones. Pero las consecuencias no se reducen a la concentración del poder en manos del Presidente ni al deterioro de las políticas públicas ni a la acción gubernamental, tampoco a la manipulación de la procuración de justicia con criterios políticos. Un daño no menor es la ausencia de rendición de cuentas.

Si la autocrítica está proscrita, con mayor razón el procesamiento institucional de errores, faltas y denuncias. Parecen estar convencidos de que actuar contra sus funcionarios significaría dar victorias a la oposición y prefieren, por tanto, negar malos resultados, así como prácticas dañinas que estén alejadas de la norma. Que todo señalamiento quede en opinión sin que ninguna instancia investigue realmente y sancione los hechos, deslindando responsabilidades. La impunidad de los propios, al igual que la persecución de los ajenos, es parte de la campaña electoral permanente del populismo empoderado.

México tiene una de las peores gestiones de la pandemia. Así lo demuestra el número de muertes, lo mismo que el elevado exceso de mortalidad que indica lo subestimada que está la cifra que se publica diariamente, la cual, de cualquier manera, nos pone en el top 4 de los países con mayor número de decesos. Tan grave como lo anterior son los fallecidos entre el personal médico, el más alto del mundo. Es inaudita la renuencia al uso del cubrebocas y a la vacunación de menores. Y, sin embargo, el Presidente respalda al subsecretario Hugo López-Gatell hasta la ignominia.

El régimen no va a aceptar jamás que hizo mal las cosas frente al covid. De ahí que hayan optado por sostener a los responsables, a pesar del dolor de tantas familias y que, sin pudor alguno, se les presente como ejemplares, aunque decenas de miles de muertes hayan podido evitarse. Cierto que existen instituciones con la obligación de investigar delitos y omisiones por parte de servidores públicos, pero, como ya dijimos, hay una definición política que privilegia la protección de malos funcionarios para no abrir flancos a la oposición.

Algo similar ocurre con la alucinante decisión del Gobierno de la CDMX, de tratar a 200 mil pacientes de coronavirus con medicamentos no probados, entregados sin control ni seguimiento y, lo más grave, sin consentimiento. La entrega de ivermectina, un desparasitante para caballos que fue desautorizado por la OMS y hasta por López-Gatell, ya generó un escándalo internacional. Por primera vez un estudio es bajado de la página SocArXiv, la cual justificó su decisión sosteniendo falta de rigor y problemas éticos. El documento lo suscribieron altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum: el politólogo José Merino, el influyente Eduardo Clark y la secretaria de Salud capitalina, Oliva López.

En cualquier país con normalidad democrática, los responsables de experimentar con tanta ligereza con la población serían despedidos e investigados, pero como el asunto pega en las aspiraciones presidenciales de la corcholata favorita de Palacio, prefieren defender lo indefendible y sostener con demagogia e ideología lo que se cae por la evidencia.

No distinguen entre Estado y gobierno, y ven en la neutralidad institucional una ingenua ventaja para los adversarios, misma que no están dispuestos a conceder. Si exigen definición a los periodistas para que, en lugar de escudriñar el poder, sean cajas de resonancia de la propaganda militante, con mayor razón al aparato estatal. Todo sea por el poder.