La verdad histérica

Que siempre no fue el Estado, que ya lo pensó mejor, que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora censura a quienes politizan la tragedia como si no hubiera hecho campaña con ella y asegura que su versión de los hechos es distinta, aunque se parezca mucho a la anterior. Las críticas responden a intereses aviesos y si los padres están inconformes es porque están desinformados y los quieren manipular. No han dado con el paradero de los normalistas y el engrudo se les hizo bolas, pero debe aceptarse que el Presidente cumplió el compromiso de esclarecer lo ocurrido, porque sostener lo contrario sería caer en herejía.

El actual gobierno dispuso de tres instancias para desentrañar la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y hacer justicia. Una comisión (CoVAJ) encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el GIEI que regresó para dar continuidad a sus investigaciones y un fiscal a cargo de una unidad especializada (UEILCA) creada para tal efecto, pero hace tiempo que Alejandro Encinas se quedó solo.

Los tumbos de la gobiernista comisión de la verdad, la manipulación del caso desde la cúspide del poder político, la intervención del fiscal Alejandro Gertz Manero de la UEILCA y la negativa de entregar todos los documentos en posesión del Ejército, desacreditaron la promesa presidencial. Omar Gómez Trejo, quien había sido nombrado fiscal del caso en consenso con los padres de las víctimas, renunció, lo mismo que un buen número de colaboradores, y el GIEI decidió dar por terminada su misión y abandonar el país.

El desistimiento de órdenes de aprehensión que luego volverían a girar, el madruguete de Encinas con pantallazos de supuestas conversaciones en WhatsApp entre integrantes de Guerreros Unidos que resultaron ser falsos y la recurrente intención de dictar conclusiones convenientes desde Palacio Nacional, provocaron tal desaguisado que ni el ingente aparato de la propaganda oficial ha podido evitar el desastre narrativo sobre un expediente que al régimen le urge cerrar.

Pero, como hemos aprendido, en esta administración, las cosas siempre pueden ponerse peor. El exfiscal Gómez Trejo denunció que le “dinamitaron” la investigación al intervenirla y que la orden de aprehensión contra Jesús Murillo Karam se operó sin sustento y sobre las rodillas, asegurando que la instrucción de emitirla tan rápido como al día siguiente fue una decisión que se tomó en un desayuno del titular del Ejecutivo con el fiscal Gertz Manero, el ministro Arturo Zaldívar, entonces presidente de la SCJN, y el subsecretario Alejandro Encinas; versión que fue confirmada en la mañanera sin reparar que, así se narre como acción virtuosa para evitar impunidad, da razón a quienes señalan que el exgobernador de Hidalgo es preso político.

Con histeria se exige creer en una verdad que no cuestiona lo esencial de la establecida en el pasado gobierno, pero que ahora tiene encarcelados a algunos chivos expiatorios que no alcanzan a taparle el ojo al macho. No se discute el núcleo de la historia: policías coludidos detuvieron a los estudiantes y los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron para luego desaparecer sus cuerpos bajo la indolente mirada de una zona militar.

El foco se trasladó de los asesinos —muchos de los cuales han quedado libres por ser testigos protegidos, víctimas de tortura o por fallas en las indagatorias— a quienes realizaron las primeras investigaciones por fabricar el escenario final en el basurero de Cocula y obviar las colusiones que tenía la organización criminal con autoridades civiles y militares, mismas que hicieron posible un crimen tan abominable.

En 2014, antes del auge del fentanilo, la heroína mexicana era muy cotizada en Estados Unidos y las ganancias de su trasiego eran estratosféricas. Algunos piensan en Ayotzinapa como si fuera la excepción, cuando en realidad es la regla que se reproduce en muchas partes del país y cada vez con mayor frecuencia. Nunca había habido tantos homicidios y desaparecidos como en esta administración y la inmensa mayoría de las víctimas son jóvenes. ¿De verdad se cree que ya no hay connivencia oficial con organizaciones criminales tan poderosas?