La regresión
Al estigmatizar la discrepancia, se rompen puentes de entendimiento y se instauran ortodoxias ideológicas que amenazan con el escarnio incluso a la disidencia interna
Con mi solidaridad y afecto para Pascal Beltrán del Río.
El recuento de los daños será inabarcable. La improvisación de lo emprendido, el desdén por lo que no genera réditos electorales y el afán de destruir aquello que los precedió han creado un panorama desolador, aunque la retórica oficial insista en presentar el estropicio como gesta heroica de alcances históricos.
El sexenio terminará, pero su herencia será duradera, porque el cúmulo de crisis acumuladas exigirá sacrificios, instituciones qué reconstruir y agravios por superar. La contrarreforma electoral preocupa porque significaría regresar a épocas donde las votaciones eran un trámite, pues los resultados eran conocidos de antemano. Sin embargo, el retroceso que se experimenta va más allá de cambios legales, de tal suerte que, aunque se pudieran detener los más oprobiosos y salvaguardar la Constitución, no va a ser fácil ni rápido de revertir.
Así como el trumpismo y el bolsonarismo trascendieron a los líderes populistas que los generaron, lo mismo sucederá con el obradorismo. Si se logra preservar al INE y mantener el piso mínimo de equidad y certeza para que los ciudadanos decidan a sus gobernantes en elecciones aceptablemente democráticas, es muy probable que pasen a la oposición en una fecha tan próxima como 2024. En tal caso, reivindicar el pluralismo como esencia de la democracia y al diálogo como instrumento para avanzar colectivamente en la solución de problemas y en la construcción de una patria común enfrentará el obstáculo de la polarización machacada desde el poder durante seis años.
La democracia está en peligro no sólo porque el árbitro está bajo acecho y se pretende que el gobierno controle la organización de las elecciones y su calificación, capturando con incondicionales al instituto y tribunal que gozarían de autonomía simulada. La concentración del poder en el titular del Ejecutivo, la militarización creciente que va más allá de la seguridad pública y el desprecio por la ley de parte de la autoridad no congenian con ella.
La confrontación permanente que practican los populismos de distinto signo puede ser una exitosa estrategia de campaña, pero al estigmatizar la discrepancia, descalificando moralmente no sólo a la oposición, sino a cualquier persona que piense distinto, se rompen puentes de entendimiento y se instauran ortodoxias ideológicas que amenazan con el escarnio, incluso a la disidencia interna. De la violencia verbal a la violencia física sólo hay un paso y de manera irresponsable los promotores del odio se desentienden de las consecuencias de sus injuriosas palabras que, además, suelen ser calumnias.
Existe el apremio por defender al INE para evitar que se cancelen estructuralmente las alternancias y regresemos al país monocromático del siglo pasado. Eso es condición de posibilidad para que sea viable una política de reconciliación que le dé la vuelta a la regresión cultural que significa un país en donde los diferentes no se escuchan y se cree preferible la imposición de la visión propia al acuerdo con otras. El pensamiento único, que se asume como la única verdad admisible, está entrelazado al autoritarismo, el cual se exacerba cuando se promueve desde el poder.
Al asegurar que el triunfo de los adversarios significaría la ruina del país y que sus representantes son moralmente irredimibles, cualquier cosa que hagan para cerrarles el acceso al poder resultaría admisible y hasta loable. Aunque no se atrevan a frasearlo por simuladores, son creyentes de que el fin justifica los medios. Por eso se permiten mentir consuetudinariamente, usar los recursos del Estado con fines partidistas, manipular la justicia para perseguir disidentes, intimidar a legisladores y gobernantes de oposición para alinearlos y, si les dan los votos en el Congreso, retroceder en materia electoral a 1988.
Si no pasa la reforma constitucional, de cualquier manera, el presidente López Obrador propondría cambios a leyes secundarias que sólo requieren de la mayoría oficialista, lo que comprometería la legitimidad de la elección presidencial; pero eso le parece preferible a aceptar la posibilidad de perder. El imponderable es la fuerza social del rechazo que aumentaría los costos de la imposición. El 13 de noviembre lo veremos.
