La ministra del pueblo

La dictadura de la mayoría es en realidad una justificación del despotismo

El concepto “pueblo” es tan viejo como la demagogia y las dictaduras ejercen el poder en su nombre. Eso sucede cuando deja de englobar a todos con sus diferencias y es homogenizado por el intérprete que se asume defensor de sus intereses, de tal suerte que lo usa como ariete contra sus enemigos que, por definición, son el antipueblo. Es un discurso de control político y legitimación social que sirve para justificar arbitrariedades, pues si la ley es obstáculo para cumplir la voluntad del pueblo, ésta debe ser modificada o, en su defecto, ignorada. Esa es la convicción explícita de la primera ministra designada por dedazo presidencial.

Una democracia es tan avanzada como el trato que da a las minorías, reconociendo sus derechos e incluyéndolas en la definición de políticas públicas, pero el populismo pasa sobre ellas con el argumento de que la mayoría siempre manda y eso vale en cualquier circunstancia e institución, razón por la cual les estorba cualquier espacio de autonomía. El pueblo debe ser todopoderoso a través de la voluntad que dice representarlo desde la cúspide, es decir, del gobernante que habla y actúa por él; quien discrepe se pone en su contra y así debe ser tratado. La dictadura de la mayoría es en realidad una justificación del despotismo.

Eso explica la paradoja. Aunque Lenia Batres fue nombrada por una sola persona, y no por el Senado, instancia que evoca el pacto federal y la pluralidad política desde que se abrió a las minorías estatales y la representación proporcional, se autodenomina “ministra del pueblo” con la venia presidencial. El mensaje no pudo ser más claro: la última palabra no debe recaer en la Corte, al menos mientras a sus miembros no los elija el voto popular y sean tan obedientes del Ejecutivo como los legisladores del partido oficial.

¿Qué importa que las minorías legislativas no hayan podido deliberar las iniciativas aprobadas? ¿Qué importa que hayan omitido todas las garantías procesales y pasado sobre su propia ley y sus reglamentos? ¿Qué importa que las nuevas leyes sean contrarias a la Constitución? La SCJN debe estar al servicio del pueblo y éste nunca se equivoca. Que la auténtica voluntad popular sea la misma que la de su único vocero que trabaja de Presidente es una coincidencia afortunada que les evita el farragoso trabajo intelectual de interpretar la ley suprema.

No es casual que el mandatario llame “traidores” a los ministros que propuso y no se pliegan a sus órdenes. De lo que se trata es, como lo dejó claro, de servir al “movimiento de transformación” que tiene en exclusividad al pueblo. Y si éste quiere trastocar el sentido de las palabras es su derecho porque la mayoría lo puede todo. No importa que el carácter contramayoritario de un tribunal constitucional sea una conquista de la democracia liberal, quien se resista al interés del pueblo, expresado desde la Presidencia de la República, por pruritos como el de que la ley es la ley o las minorías tienen derechos que deben ser respetados, son “conservadores”, tal y como lo expuso el exministro Arturo Zaldívar en penosa entrevista. Ahora no hay nada tan progresista como ser militarista.

Poco importa que la mayoría legislativa del oficialismo sea artificial y obedezca a la sobrerrepresentación constitucional del 8%, la cual significa una subrrepresentación opositora del mismo tamaño por ser suma cero y la distorsión en la correlación de fuerzas llegue al 16%, pues tuvieron menos votos que la oposición en 2021, han decidido gobernar en solitario, combatiendo el pluralismo. Por eso es que en diversos órganos autónomos y en el TEPJF no se nombran las vacantes. Ahí no existe la prevención de que el Presidente designa en caso de que nadie alcance la mayoría calificada. Si así fuera, tendríamos abundancia de consejeros, comisionados y magistrados “del pueblo”.

Sin contrapesos y límites legales al poder presidencial no hay democracia posible. Un sexenio más como el actual y no resistirían los pocos que quedan. Si en Venezuela la Corte es chavista, en México sería obradorista. Eso es lo que se juega en la próxima elección: continuidad autoritaria con Claudia Sheinbaum o cambio democrático con Xóchitl Gálvez. Tú decides.

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