La farsa

Gobierna la propaganda. Las prioridades no las define el conocimiento, sino la percepción. La realidad no se constata, se comunica desde la Presidencia. Si los hechos la desmienten, los dichos deben insistir en la mentira hasta volverla verdad. Afirmar algo distinto sólo se explica por el servicio a intereses inconfesables, así haya pruebas que lo avalen. La palabra del Presidente tiene que ser creída y replicada, aunque se tenga la certeza de su falsedad: promover el engaño es lealtad al proyecto de “transformación”.

El predominio de la demagogia sobre la evidencia es constante en toda la agenda, pero hay temas en los que se ha llegado a la frontera de lo cómico con lo grotesco. Vimos una rifa del avión presidencial que en realidad no era rifa y ni siquiera sorteaba la aeronave.

Para montar dicho espectáculo se invitó a importantes empresarios a una cena de tamales de chipilín a Palacio Nacional con la intención de venderles miles de boletos, a sabiendas de que el anfitrión acostumbra entregar contratos sin licitar. Y se donaron otros tantos cachitos a hospitales, algunos de los cuales ganaron dinero en efectivo que hasta la fecha siguen esperando. Todavía está por verse que se venda el avión que ya rifaron.

Otra farsa que salta a la vista es la consulta popular. Aunque la Suprema Corte cambió la pregunta para excluir de ella la referencia a personas en específico y no violar derechos humanos y procesales, el titular del Ejecutivo, sus voceros y todo el aparato de propaganda de la 4T insisten en que se trata de decidir si se juzga o no a los últimos cinco expresidentes.

Si hay delitos que perseguir, la fiscalía tiene la obligación de hacerlo con independencia de la opinión de los ciudadanos. Pero al margen de lo absurdo que es preguntar si se está de acuerdo en que las instituciones cumplan con sus responsabilidades y apliquen la ley, lo cierto es que desde el poder se promueve la participación ciudadana con engaños, asegurando que van a votar algo que en realidad no se está consultando.

La pregunta es abigarrada, confusa y ambigua, lo cual hace que sean desconocidas las consecuencias concretas. Después de la votación, el Presidente definirá a discreción y a espaldas de los electores, lo que se desprende de la consulta, aunque quede muy lejos de ser vinculante por escasa participación. En lugar de que los ciudadanos les digan a las autoridades lo que tienen que hacer, éstas usarán el ejercicio como cheque en blanco.

La consulta fue convocada por el presidente López Obrador, pues no se reunieron las suficientes firmas avaladas por la autoridad. Sin embargo, el convocante anuncia que no va a participar en la consulta que el mismo convocó y promueve. Cree que eso le da la coartada para decir que él no quería juzgarlos, que su fuerte no es la venganza, pero que, finalmente, el “pueblo manda” y todos debemos obedecer.

No sabemos cuántas personas votarán, pero sí el resultado: arrasará la afirmativa. ¿Quién puede estar en contra de que se investiguen probables delitos vinculados a decisiones políticas del pasado en beneficio de las víctimas? Es verdad que eso debieran hacer sin consultar, pues es su obligación, pero sería un error pensar que todo lo que ha hecho el régimen para realizar la consulta, haciendo que la Corte torturara a la Constitución para poder avalarla, así como su intensa campaña propagandística contra los expresidentes, no tendrá consecuencias. El próximo año, López Obrador planea llevar a cabo el refrendo a su mandato y le ayudaría mucho que entonces se esté discutiendo el pasado y no los malos resultados de su administración. Por eso, aunque la consulta quede muy por debajo del 40% de participación, el Ejecutivo la asumirá vinculante y pondrá a la dócil FGR a abrir expedientes contra expresidentes.

Con Peña Nieto tiene pacto sellado con la persecución a Ricardo Anaya y la tersa transición. Con Ernesto Zedillo tiene la deuda de permitirle ser candidato a la jefatura de Gobierno sin los años de residencia requeridos en el entonces DF. En cambio, es conocida su inquina contra Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Dado los delitos prescritos, quizá todo se concentre en la venganza contra su némesis.