La alianza, en la tablita

La alianza opositora es condición para que haya competencia con posibilidades de éxito frente a la candidatura oficial en 2024. Es la única forma de equilibrar fuerzas en elecciones de Estado como las que se han constatado en los últimos años, presagios de lo que hará el régimen para tratar de evitar la alternancia que truncaría los sueños megalómanos del Presidente que ha decretado el inicio de una nueva era de partido hegemónico. Por eso no hay duda de quién sería el primer beneficiado si se rompe la coalición Va por México. ¿Sus adversarios le darán el gusto?

El agravio entre aliados es innegable, el tema es cómo responder a él para resolver el conflicto, prevenir que no vuelva repetirse e incluso sirva de oportunidad para salir fortalecidos del trance y enfrentar en mejores condiciones las cruciales elecciones en el Estado de México y Coahuila. No se trata de procurar la unidad a toda costa, sino de poner las cosas en perspectiva, entender los resortes de lo ocurrido y poner por delante lo fundamental: darle a la sociedad mexicana una perspectiva de cambio deseable que pueda convertirse en realidad con el voto de los ciudadanos.

No hay muchas dudas sobre lo ocurrido, el oficialismo se encargó de despejarlas. El acoso mediático y judicial contra el presidente del PRI encontró una válvula de escape con la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que patea el bote, alargando el plazo por cuatro años más del 5º transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional y que vence en marzo de 2024, para seguir utilizando a militares en labores de seguridad pública, en tanto la policía creada “desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial”. En los hechos significa continuar con la misma estrategia que ha fracasado rotundamente.

La iniciativa de la discordia se presentó justo cuando la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados estaba aprobando en fast track una ley groseramente inconstitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, violentando su carácter legalmente civil. No fue casual que el secretario de Gobernación se dirigiera al lugar del diputado Alejandro Moreno cuando entregó el Informe de Gobierno al Congreso de la Unión para hablarle de manera cercana y confidente frente a las cámaras. Tampoco que la gobernadora de Campeche hiciera pública una “tregua” en sus revelaciones ilegales, ni que López Obrador diera vuelo al asunto e invitara al PRI a “divorciarse” de sus aliados. Si el Presidente no pudo reventar la coalición opositora por la ley eléctrica, entonces que sea por una reforma militarista.

Lo ideal sería que retiraran la iniciativa, pero aun si se llegara a aprobar en la cámara de origen, no pasaría en la revisora. La bancada del PRI en el Senado ya adelantó que va en contra y, por tanto, no alcanzaría la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución. Si la perversa maniobra legal se va a frustrar, sería absurdo y desproporcionado que la oposición le concediera al régimen el verdadero y avieso propósito del episodio, rompiendo la alianza que puede ser ganadora en la disputa de la nación.

Haber cedido ante la persecución no es gratificante, pero mucho menos lo es permitir que se salga con la suya quien intimida a disidentes con la cárcel. La mejor respuesta sería fortalecer la alianza, institucionalizarla y arroparla con la sociedad. Terminar con los madruguetes y procesar disensos en un espacio donde también participen insignes ciudadanos, acordados por consenso y cuya autoridad moral sea reconocida más allá de los partidos, ayudaría a salir de la crisis y evitar que se repita en el futuro.

El problema de seguridad es tan grave que padecemos una crisis humanitaria; 130 mil muertos y 35 mil desaparecidos en menos de cuatro años son cifras propias de una guerra civil. Haría bien la alianza opositora en trabajar con expertos una alternativa a la estrategia fallida actual, en la cual se planifique la transición hacia una policía nacional genuinamente civil, así como las condiciones precisas para que el Ejército y la Marina colaboren con ella en territorios y plazos determinados de acuerdo con la ley. La mejor defensa es la propuesta.